Segun Gestión Tu Dinero, la Sunat ha presentado una propuesta que podría transformar cómo se registra el pago en transacciones digitales en el Perú. Esta iniciativa busca reconocer como comprobantes oficiales las transacciones realizadas a través de billeteras digitales, mediante código QR o número de celular. El objetivo principal es formalizar el flujo de pagos en pequeños comercios que actualmente reciben dinero por medios digitales pero no generan comprobantes oficiales.
La medida plantea desafíos significativos en términos de regulación, tecnología y conducta del consumidor. Fernando Amorrortu, jefe de cumplimiento de riesgos en Ligo, advierte que si se impone una mayor obligación de registro, algunos negocios podrían recurrir al efectivo como alternativa menos transparente. Este cambio no solo afectaría la trazabilidad de las operaciones, sino que podría incrementar riesgos relacionados con el lavado de activos. La ausencia de comprobantes digitales actualmente es una barrera clave para la inclusión financiera, y su eliminación podría acelerar el acceso a servicios formales.
Desde una perspectiva fiscal, Víctor Valdez, de Osorio Valdez Asociados, destaca que la informalidad no se debe a una falta de conciencia tributaria, sino a la operación fuera del sistema fiscal. Si los ingresos se registran bajo esta nueva normativa, los comerciantes deberán declarar sus ganancias, lo que reducirá su margen neto. En ese escenario, algunos empresarios podrían optar por evitar el uso de billeteras digitales por miedo a las implicaciones fiscales. Este comportamiento podría generar una retroalimentación negativa: al exigir mayor control, se podría fomentar la evasión del sistema, o incluso una regresión hacia métodos de pago menos seguros y menos transparentes.
Para los trabajadores peruanos, esta propuesta tiene implicaciones directas. Si los pagos por Yape o Plin se consideran comprobantes oficiales, los empleadores podrán exigir que los trabajadores utilicen estos canales como parte de su contrato laboral. Esto implica una mayor digitalización de las relaciones laborales, pero también un mayor peso en la obligación de cumplir con los registros fiscales. En un contexto donde muchos pequeños negocios dependen del efectivo o de plataformas digitales sin estructura formal, esta medida podría acelerar la integración financiera, pero también generar tensiones entre el cumplimiento legal y la flexibilidad operativa.
El lector peruano debe considerar que, aunque la digitalización promete mayor transparencia, también puede amplificar desigualdades si no se implementa con mecanismos de apoyo. Los pequeños comercios, en particular, necesitan herramientas que los ayuden a gestionar los nuevos requerimientos sin sacrificar su operatividad. El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la política fiscal, sino de cómo se acompañe a las microempresas en su transición hacia un sistema más formal y accesible.