Segun CNBC Markets, el senador Ron Wyden, representante de Oregon y miembro principal del Comité Financiero del Senado, presentó una iniciativa legislativa el miércoles 17 de junio de 2026 que busca contener el uso de poderes tarifarios por parte del presidente Donald Trump. La propuesta, conocida como la "Ley de Reforma de Poderes en Comercio de 2026", pretende eliminar ciertos mecanismos legales que el ejecutivo podría emplear para fijar aranceles sobre productos importados, y otorgar a Congreso un mayor control sobre las decisiones que quedan. Esta medida se dio a conocer un día después de que Trump anunciara aranceles retaliatorios del 50 por ciento sobre una amplia gama de bienes canadienses, argumentando que se basa en una norma de finales del siglo XX que rara vez ha sido aplicada.
La iniciativa busca restringir el uso de tres artículos clave del marco legal estadounidense: el Artículo 301 del Acto de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles por prácticas comerciales consideradas injustas; el Artículo 201, que autoriza a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos a declarar que aumentos de importaciones amenazan a industrias nacionales, y el Artículo 232 del Acto de Ampliación del Comercio de 1962, que permite la imposición de aranceles por razones de seguridad nacional. El nuevo proyecto exige que, ante la activación de cualquiera de estos tres mecanismos, el presidente deba obtener la aprobación de Congreso antes de implementar cualquier medida tarifaria. Este paso busca restaurar el equilibrio entre el poder ejecutivo y la autoridad legislativa, que históricamente ha sido ampliada por decisiones administrativas.
A pesar de su enfoque institucional, la propuesta enfrenta dificultades significativas en el contexto político actual. Los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que reduce las probabilidades de que el proyecto sea aprobado. Además, el presidente Trump podría vetar la medida, lo cual sería una señal de la tensión entre los poderes legislativo y ejecutivo. Aunque el artículo constitucional establece que Congreso tiene la facultad de imponer aranceles, en la práctica, el presidente ha ejercido amplias autonomías a través de mecanismos legales que no requieren aprobación parlamentaria.
Para los inversores y familias en el Perú, esta dinámica resalta la importancia de mantener mecanismos de control institucional frente a decisiones económicas impulsadas por el ejecutivo. En un entorno donde los aranceles pueden afectar costos de importación de bienes de consumo, la estabilidad de las políticas comerciales es clave. Si se repiten movimientos abruptos como los anunciados por Trump, podrían elevar los precios de productos esenciales, impactando especialmente a los sectores más vulnerables. Así, el debate sobre el poder de los aranceles no solo es un asunto estadounidense, sino un tema que puede influir en la economía global y en la realidad de los hogares latinoamericanos.