Según Gestión, las universidades estatales del Perú han registrado una ejecución de recursos públicos limitada en el primer semestre del año. Aunque el presupuesto asignado para obras educativas alcanza los S/ 1,188 millones, solo el 35.4% de este monto ha sido devengado, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 7 de agosto. Esto implica que aún quedan pendientes S/ 766.9 millones para su ejecución. La tendencia histórica indica que, en los últimos cinco años (2021–2025), las instituciones han destinado en promedio el 70% de sus fondos, lo cual no garantiza la calidad de los proyectos, sino que refleja una dinámica de uso de recursos. La Contraloría General de la República ha señalado múltiples casos de infraestructura en condiciones deficientes, mientras que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha rechazado licencias por falta de cumplimiento de estándares mínimos. Este panorama se ha consolidado tras el crecimiento de las universidades estatales, que pasaron de 52 a 54 entidades desde antes de 2025.
Entre las instituciones que reciben mayores asignaciones, destacan cinco universidades con presupuestos superiores a S/ 50 millones: la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, la Universidad Jorge Basadre Grohmann, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). En este grupo, la Universidad de Amazonas muestra el mayor avance: de los S/ 87.8 millones destinados, ya ha ejecutado el 53.1% en los primeros días de agosto. En contraste, las otras instituciones, como UNMSM y UNALM, aún se encuentran en etapas iniciales de ejecución, lo que pone en evidencia una desigualdad en el uso de los fondos.
Para los lectores peruanos, este escenario evidencia una brecha entre la disponibilidad de recursos y su eficacia en el terreno educativo. Aunque las universidades reciben importantes inversiones, su capacidad para transformar esos montos en infraestructura funcional y de calidad sigue siendo limitada. En un contexto donde el acceso a educación superior es clave para el desarrollo económico y social, la lentitud en el uso de los recursos podría afectar la experiencia estudiantil y el crecimiento institucional. Es fundamental que las autoridades monitoreen no solo el monto asignado, sino también el impacto real de esos gastos en el funcionamiento de las instituciones. La transparencia y la evaluación continua deben convertirse en herramientas para garantizar que los fondos públicos sirvan a la mejora real de la educación, no solo en papel.