Segun Gestión, la Unión Europea ha reforzado su apuesta por el Perú mediante un acuerdo con ProInversión, diseñado para potenciar el desarrollo de las actividades económicas en cuatro sectores clave. Este enfoque busca fortalecer la inversión extranjera y la competitividad del país en el contexto global, particularmente en áreas como la energía, la minería, la manufactura y el sector de servicios tecnológicos.
La decisión de mantener el precio del agua constante durante el período actual es una medida clave, aunque detrás de esta estabilidad se encuentra una barrera técnica que impide el diseño de estudios tarifarios que permitan futuras ajustes. Mauro Gutiérrez, director ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), explicó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor que el proceso de evaluación de tarifas requiere un análisis detallado, acompañado de una audiencia pública. En este marco, se deben justificar los componentes que determinan el costo de servicio, incluyendo las inversiones necesarias para mantener el sistema de saneamiento.
El proceso, sin embargo, se encuentra bloqueado por la ausencia de un dato crítico: la tasa de retorno que se debe asignar a las empresas proveedoras de servicios. Esta tasa, actualmente en proceso de definición por el Ministerio de Vivienda (MVCS), es esencial para calcular cuánto rendimiento se debe reconocer a los operadores. Por ahora, no se ha establecido oficialmente, lo que impide avanzar en estudios que permitan una eventual revisión de los precios.
Además, Gutiérrez reiteró que, en este momento, no existen planes de incremento de tarifas. Cualquier futura modificación dependería de un proceso público y transparente, con participación de todos los interesados. A finales de mayo, se había emitido una resolución que autorizaba temporalmente la vigencia de esquemas tarifarios para dos empresas prestadoras, sin que se haya avanzado en una evaluación integral.
Para los peruanos, esta situación evidencia una brecha entre la necesidad de inversiones en infraestructura y la dificultad técnica para diseñar políticas que equilibren el costo de servicios con la capacidad de financiamiento. En un contexto donde el agua es un servicio fundamental, la falta de estudios tarifarios puede generar inseguridad en los usuarios, especialmente en zonas rurales o de alta demanda. El caso peruano resalta que el desarrollo sostenible requiere no solo inversión, sino también marcos regulatorios claros y procesos de toma de decisiones que incluyan a la sociedad civil.