Segun Gestión, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió un laudo parcial el 12 de junio de 2026 que cierra varios frentes de controversia entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima (RDL). El conflicto, que se remonta a 2013, giraba en torno a la concesión de tres vías clave: la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé. Desde su firma, se han registrado múltiples tensiones sobre el ajuste de peajes, el cumplimiento de servicios y las obligaciones de mantenimiento. Antes de este proceso, dos arbitrajes previos —uno en 2020 y otro en 2022— ya definieron aspectos clave: el primero suspendió el peaje Chillón durante la gestión de Luis Castañeda; el segundo validó el derecho de RDL a reajustar tarifas bajo condiciones económicas específicas.
El tercer juicio inicial abordó cuestiones operativas, pero en enero de 2023 se intensificó cuando la gestión de Rafael López Aliaga anunció la terminación unilateral del contrato. Este acto fue presentado como medida de protección al interés público, argumentando que las tarifas de peajes y el nivel de servicio no cumplían con los estándares acordados. La MML alegó nueve fundamentos para el desvinculamiento, incluyendo deficiencias en el servicio y desviaciones económicas en la concesión. En contraparte, Rutas de Lima consideró que dicha acción violaba cláusulas contractuales y solicitó al tribunal declararla nula.
El laudo de junio de 2026 evaluó cinco reclamos principales. Tres fueron rechazados por no tener fundamento técnico o legal; uno fue parcialmente aceptado, y el cuarto fue declarado válido por mayoría de los jueces. El punto central del fallo fue el rechazo a la terminación unilateral del contrato por parte de la MML. El tribunal concluyó que dicha acción violó la Cláusula 17.7, que establece que cualquier ruptura debe ser justificada con base en criterios previamente acordados y con aviso previo a la concesionaria.
Para los usuarios peruanos, este caso representa una advertencia sobre el poder de las autoridades municipales en la gestión de infraestructura pública. Los peajes no son solo un mecanismo de financiamiento, sino una herramienta que debe equilibrar el costo operativo y el acceso ciudadano. En un contexto de inflación y crecimiento del tráfico, las decisiones de ajuste tarifario deben basarse en transparencia y evaluación técnica, no en políticas de urgencia. Este fallo reafirma que las modificaciones en el acceso a vías de tránsito deben respetar los acuerdos previamente firmados, especialmente cuando implican cambios estructurales en servicios clave.
Así, el resultado no solo afecta a las empresas de transporte, sino también a millones de conductores que dependen de estas rutas diarias. El caso subraya la necesidad de mecanismos de diálogo permanente entre entidades públicas y privadas para evitar rupturas que generen inestabilidad en el sistema de movilidad urbana.