Según Gestión, un Tribunal Arbitral emitió un laudo parcial que evaluó el conflicto entre Rutas de Lima (RDL) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre el peaje Chillón. Este tercer proceso de arbitraje se inició tras dos anteriores resoluciones de la Corte Permanente de Arbitraje: una en 2020 que suspendió el peaje Chillón durante la gestión de Luis Castañeda, y otra en 2022 que validó el derecho de RDL a reajustes tarifarios. En enero de 2023, bajo la administración de Rafael López Aliaga, la MML anunció la terminación unilateral del contrato, argumentando que el peaje afectaba al interés público. Entre las razones citadas se incluyeron las tarifas del peaje Chillón y "deficiencias contractuales".
El laudo parcial, publicado en junio, concluyó que dichas justificaciones no cumplen con los criterios legales ni contractuales establecidos. El tribunal declaró que la MML violó la cláusula 17.7 del contrato al tomar una decisión de finalización sin el debido proceso. Además, por mayoría, se determinó que la entidad municipal incumplió parcialmente sus obligaciones de entregar terrenos para el tramo Ramiro Prialé. El análisis también señala que ambas partes cometieron errores concurrentes, lo que afectó la ejecución del acuerdo. La decisión enfatiza que la terminación por motivos de interés público no puede ser aplicada sin una evaluación técnica y legal previa.
Para los usuarios del Perú, este caso refleja una tensión recurrente entre la gestión municipal y las operaciones de infraestructura pública. Muchos ciudadanos han enfrentado altas tarifas en rutas clave como la Vía de Evitamiento, donde los peajes han sido objeto de debate por su impacto en el costo de transporte. Esta situación no solo afecta a quienes usan vehículos particulares, sino también a empresas que dependen de la movilidad urbana para operar. El hecho de que el tribunal rechace la terminación unilateral puede servir como un precedente para futuras disputas sobre servicios públicos.
El resultado sugiere que las decisiones de ajuste tarifario o modificación de contratos deben fundamentarse en mecanismos claros y transparentes, no en argumentos de interés general sin evidencia técnica. Para el lector peruano, este caso subraya la importancia de que las autoridades municipales actúen dentro de los límites legales y contratos establecidos, especialmente cuando se trata de servicios que afectan directamente el acceso al transporte urbano. Una gestión equilibrada entre eficiencia operativa y responsabilidad legal podría prevenir futuros conflictos similares.