Según Gestión, un proyecto de ley busca definir cuándo un comportamiento de acoso sexual cometido fuera del entorno laboral puede tener consecuencias disciplinarias para un empleado. La iniciativa modifica el Decreto Legislativo N° 728, conocido como Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para incluir como falta grave el acoso sexual a terceros cuando el trabajador mantiene una identificación objetiva con la empresa. Esta vinculación se establece mediante el uso de uniformes, credenciales, vehículos o cualquier otro bien otorgado o autorizado por el empleador que permita reconocerlo como representante de la organización.
El marco jurídico actual se centra en situaciones de interacción entre empleados, no en espacios públicos donde la víctima puede ser una clienta, un usuario o un transeúnte. En esos contextos, no existe una relación laboral directa entre agresor y víctima, lo que genera una brecha en la aplicación de normas disciplinarias. La propuesta busca cerrar esa brecha al definir que, cuando el trabajador se identifica claramente con la empresa mediante elementos oficiales, cualquier conducta de acoso sexual fuera del horario o del lugar de trabajo puede ser considerada dentro del ámbito laboral. Para que esta condición se active, se requiere evidencia tangible de que el trabajador utiliza bienes o símbolos proporcionados por el empleador que vinculen su presencia con la institución.
El proceso no implica automáticamente una medida de despidos. La falta grave debe ser acreditada por el empleador, quien deberá demostrar de forma clara y documentada que el trabajador está en una relación de reconocimiento institucional. El empleado, por su parte, conserva el derecho a defenderse y a presentar pruebas que contradigan la afirmación. Este mecanismo busca equilibrar la protección de la imagen institucional con la defensa de los derechos individuales de quienes son afectados.
Para el lector peruano, esta propuesta representa un punto de inflexión en la regulación del trabajo en contextos urbanos y cotidianos. Muchas personas en el país, especialmente en sectores de servicios como comercio, transporte o atención al público, enfrentan situaciones donde su labor se extiende más allá de las oficinas. Si el uso de uniformes o vehículos oficiales se convierte en un símbolo de representación institucional, entonces cualquier conducta que afecte a terceros puede ser evaluada desde una perspectiva laboral. Esto exige mayor conciencia de los límites entre el ámbito laboral y las interacciones públicas, y obliga a las empresas a establecer políticas claras de conducta que protejan tanto a sus empleados como a las personas que los rodean.