Según Gestión Tu Dinero, un proyecto de ley presentado por el congresista Juan Villanueva, de Juntos por el Perú, propone incluir los gastos por servicios educativos como un nuevo rubro deducible en el cálculo del Impuesto a la Renta (IR). Este avance afecta tanto a empleados que pagan rentas de cuarta categoría —como quienes reciben honorarios— como a los que figuran en planillas. Actualmente, los trabajadores pueden beneficiarse de una deducción adicional de hasta 3 UIT (equivalente a S/ 16,500), que incluye gastos como alquiler formal de vivienda, consumos en restaurantes y hoteles, y pagos por recibos de servicios profesionales. La iniciativa amplía esta posibilidad al considerar el 10% de los gastos por educación formal, tanto para el propio trabajador como para su cónyuge, concubina o hijos menores de 25 años.
Los servicios contemplados se limitan a aquéllos ofrecidos por instituciones de educación básica regular, técnico-productiva y superior, autorizadas por el Ministerio de Educación, Sunedu o el organismo competente. Se incluyen conceptos como matrículas y pensiones de enseñanza. El proyecto no modifica el límite de deducción existente de 3 UIT, lo que indica que el aumento en el acceso a esta deducción será gradual y sin impacto significativo en el monto total de la renta imponible.
Para los peruanos, este cambio representa una mejora directa en el acceso a beneficios fiscales que apoyan la formación personal y familiar. En un contexto donde el costo de educación ha crecido considerablemente, especialmente en centros de educación superior, la posibilidad de deducir parte de estos gastos puede aliviar la carga financiera de familias que priorizan el desarrollo académico de sus hijos. Además, al incluir a trabajadores de diferentes categorías —independientemente de si reciben sueldo por planilla o por honorarios—, se fortalece la equidad fiscal. Esto puede motivar a más personas a invertir en educación, entendida no solo como un gasto, sino como una inversión en capacidad laboral y estabilidad económica.
El apoyo del experto tributarista Giorgio Balza, de Cuatrecasas, reafirma la viabilidad del enfoque. Considera que esta medida, aunque tardía, es alineada con prácticas internacionales, donde las personas naturales sí pueden deducir sus gastos educativos. El hecho de que el límite de deducción no se eleve, sugiere que el objetivo no es ampliar la carga tributaria, sino complementar el sistema para que más personas sientan que la fiscalidad respalda su desarrollo personal. Para el peruano promedio, esto significa un paso más hacia una administración financiera que reconoce el valor de la educación como herramienta clave para el crecimiento económico y social.