Segun Gestión, la Asociación de Consumidores de Gas del Perú expresó alarma ante la propuesta de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) para renovar su contrato de concesión con el Estado, que permitiría operar durante 10 años más en el transporte de gas de Camisea. El organismo señaló que, tras una interrupción del servicio de transporte que se produjo hace seis meses, la empresa habría incumplido claramente sus obligaciones contractuales. Ese hallazgo está respaldado por informes oficiales del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y de la Contraloría General de la República.
El gremio destacó que el sistema de transporte actual de TGP carece de suficiente capacidad de respaldo y redundancia, además de contar con procedimientos de mantenimiento inadecuados. Esto impide alcanzar la disponibilidad mínima del 99% que exige el contrato y la normativa vigente. A pesar de que el incumplimiento ha sido documentado, TGP no ha presentado acciones concretas para corregirlo. En cambio, ha solicitado al gobierno una adenda que extienda su concesión por décadas, incluyendo la asignación directa de un nuevo proyecto de S/7,000 millones, conocido como Ramal Sur. Este proyecto sería ejecutado sin competencia, con rentabilidad asegurada y plazos flexibles, donde la mayor parte de los riesgos de retraso serían asumidos por el Estado.
Además, la propuesta contempla que los usuarios continúen pagando por infraestructura que ya fue adquirida y remunerada de forma generosa. El gremio advirtió que, en el futuro, las inversiones en respaldo y redundancia deberían ser remuneradas como un costo adicional, lo que significaría que los consumidores deberían soportar un costo extra por el mantenimiento del sistema. Esta medida, según el gremio, representa una carga injusta y una vulnerabilidad para el sistema energético nacional.
Para el lector peruano, este escenario plantea una confrontación entre la necesidad de estabilidad en el suministro de gas y el riesgo de que una empresa privada, con un monopolio extendido, asuma responsabilidades de mantenimiento sin que el público sea protegido. En un contexto donde el acceso al gas natural es clave para el desarrollo de regiones rurales y urbanas, es fundamental que las decisiones de concesión se evalúen no solo por su rentabilidad, sino también por su impacto en la seguridad energética y en la equidad de acceso. La ausencia de mecanismos de supervisión efectiva podría comprometer la confianza de los usuarios y exponer a la economía nacional a interrupciones que afectan directamente a miles de hogares y negocios.