Según Wharton Knowledge, el escrutinio público sobre el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales ha crecido significativamente en los últimos años. El 2 de junio, Estados Unidos presentó nuevas tarifas que oscilan entre el 10% y el 12,5% para 60 países, entre ellos la Unión Europea, el Reino Unido y China, por no impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzado. Gobiernos como la UE, China e India han desmentido estas acusaciones. Aunque estas medidas se dirigen a países extranjeros y productos importados, también impulsan una mayor vigilancia sobre las decisiones de origen que adoptan las empresas estadounidenses. Esta presión se suma a normativas existentes que prohíben el ingreso de bienes fabricados totalmente o parcialmente con trabajo forzado. Por ello, los importadores norteamericanos enfrentan riesgos reputacionales, legales y regulatorios si sus proveedores están vinculados a prácticas de trabajo forzado. Los registros públicos de envíos permiten identificar a importadores estadounidenses, sus proveedores y productos específicos, incluyendo aquellos relacionados con riesgos de trabajo forzado. Organizaciones de la sociedad civil, periodistas, ONGs y otras entidades utilizan estos datos para investigar posibles exposiciones a este tipo de prácticas en cadenas internacionales. Sin embargo, el mismo sistema de transparencia que exige la publicación de estos registros incluye una medida de confidencialidad. A través del programa de confidencialidad de manifestos de Customs and Border Protection (CBP), los importadores pueden solicitar que se eliminen sus nombres y los de sus proveedores de los registros públicos. Esta política se justifica por razones tradicionales de protección de costos comerciales: revelar relaciones de suministro podría exponer información sensible y poner en riesgo la posición competitiva de las empresas. Sin embargo, esta acción dificulta que terceros identifiquen los riesgos de trabajo forzado y los vinculen a actividades de importación estadounidenses.
Para el lector peruano, este escenario evidencia que las cadenas de suministro globales no son neutrales: los productos que consumimos, desde textiles hasta electrónicos, pueden estar vinculados a prácticas laborales problemáticas en regiones fuera de nuestro país. Aunque el Perú no es directamente objeto de sanciones, su participación en la economía global lo expone a riesgos similares. Las políticas de transparencia y control que aplican otros países pueden influir en las decisiones de compra de empresas peruanas que exportan o importan bienes. Es clave que consumidores y empresarios comprendan que la trazabilidad de los productos no solo depende de las leyes nacionales, sino también de acuerdos internacionales y de la capacidad de terceros de investigar y exponer prácticas poco éticas. En un contexto donde el trabajo humano sigue siendo central en la producción, la vigilancia debe ir acompañada de mecanismos que no solo protejan intereses económicos, sino también la justicia laboral en todas sus etapas.