Según CNBC Markets, el gobierno de Estados Unidos ha sido nuevamente sometido a una demanda judicial por su política de aranceles, esta vez bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Un panel de tres jueces de la Corte Internacional de Comercio en Nueva York está evaluando hoy argumentos presentados por pequeñas empresas y estados liderados por el Partido Demócrata. Estas partes alegan que las tarifas amplias implementadas por el presidente Donald Trump exceden el alcance legal establecido. Este escenario marca la tercera intervención judicial en menos de dos años que pone en duda el poder del ejecutivo para imponer aranceles masivos sobre la mayoría de los bienes importados.
La decisión de la Corte Suprema en febrero del año pasado rechazó una medida de aranceles "recíprocos" que Trump había anunciado en abril de 2025. Esa sentencia obligó a la administración a devolver más de 100 mil millones de dólares. Al día siguiente, Trump lanzó una nueva medida: un arancel global del 10%, aplicado bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este marco legal solo autoriza una vigencia de 150 días. Durante ese periodo, la corte federal determinó que dichas tarifas eran inapropiadas. Un tribunal de apelaciones detuvo esa decisión, permitiendo que las tarifas se mantuvieran hasta su vencimiento. En julio, al finalizar ese periodo, el gobierno reactivó una nueva política bajo el mismo artículo 301. Hoy, las tarifas afectan a 86 países, representando el 99,4% de los bienes importados a Estados Unidos. Se aplican tasas del 10% o del 12,5% sobre productos procedentes de esos países, argumentando que ciertos territorios no aplican adecuadamente prohibiciones sobre el comercio de bienes producidos con prácticas de trabajo forzado.
Sin embargo, la demanda actual sostiene que el argumento sobre el trabajo forzado fue utilizado como excusa para reactivar las tarifas que ya habían sido invalidadas judicialmente. El objetivo de esta acción legal no es solo cuestionar la legitimidad del arancel, sino también proteger la economía de pequeños empresarios y sectores clave que dependen de la libre circulación de bienes.
Para el lector peruano, este escenario es especialmente relevante dado el contexto de las relaciones comerciales internacionales. Aunque el Perú no forma parte directamente de la red de tarifas globales mencionadas, las decisiones de Estados Unidos sobre aranceles afectan a cadenas de suministro que incluyen productos importados. Si se mantienen las tarifas sin revisión, podrían aumentar los costos de bienes que llegan al mercado nacional, impactando precios finales en productos de consumo. Además, el caso resalta la importancia de que los gobiernos no actúen con poderes ampliados sin supervisión judicial, lo cual puede servir como referencia para debates sobre políticas comerciales en América Latina.