Segun Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está avanzando en un proyecto de decreto supremo para modificar el peaje de transmisión que pagan los usuarios libres de electricidad. La iniciativa, presentada por el viceministro de Electricidad Luis Santillán en el Smart Energy Summit, busca ajustar el costo de uso de las redes de alta tensión que transportan energía desde centrales hasta puntos de distribución. Este mecanismo permitiría a grandes consumidores —con demanda anual superior a 200 kilovatios (kW)— negociar directamente el precio de la electricidad que utilizan, en lugar de estar sujetos a tarifas fijas impuestas por el sistema.
El peaje de transmisión actual, vigente desde la Ley 28832 de 2006, se aplica a todos los usuarios libres que acceden al sistema principal, garantizado y secundario. El monto cobrado se basa en la potencia consumida durante la hora punta del día que coincide con la demanda máxima del sistema. Este modelo ha sido establecido por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), que reafirma que los usuarios ya pagan estos cargos como parte de su contrato de servicio. La operación del sistema de transmisión requiere inversiones continuas, lo cual se gestiona mediante un plan de transmisión aprobado por el Minem y luego sometido a licitación por ProInversión. El ganador de esa licitación fija un costo anual para mantener y operar la infraestructura, que luego se integra al sistema general de tarifas.
La actual escasez en la red eléctrica, derivada de la alta demanda en momentos críticos, ha generado una presión creciente sobre el sistema. Este fenómeno no solo afecta a empresas industriales, sino que también impacta a hogares y comunidades que dependen de una oferta estable. En el contexto peruano, donde el acceso a energía eléctrica sigue siendo un desafío en zonas rurales y en ciertos centros urbanos, cualquier ajuste en las tarifas debe equilibrar la viabilidad financiera de la red con la sostenibilidad de los servicios para todos los usuarios. Los grandes consumidores, al tener capacidad de negociación, podrían ser parte de una solución que permita reequilibrar el sistema sin aumentar excesivamente los costos para los usuarios domésticos.
Para el peruano promedio, este cambio no es solo un ajuste técnico, sino una señal de que el sistema eléctrico está bajo revisión profunda. Aunque los aumentos en tarifas son inevitables para mantener la infraestructura, es clave que las decisiones se realicen con transparencia y que se prioricen soluciones que no afecten a las familias más vulnerables. La estabilidad de la electricidad no es un lujo, sino un pilar de desarrollo económico y social.