Segun CNBC Markets, el gobierno de Donald Trump enfrentó su primera prueba legal tras anunciar una amplia medida de tarifas que afecta a más de 80 países. Estas sanciones, que se aplican a socios comerciales representando el 99,4% del comercio estadounidense, se basan en la Sección 301 del Acto de Comercio de 1974. El objetivo declarado es prohibir el uso de prácticas de trabajo forzado en la producción de bienes importados. Sin embargo, expertos en política comercial advierten que el uso de esta norma ha sido radicalmente diferente en esta administración. Peter Harrell, investigador invitado del Centro de Derecho Económico Internacional de la Universidad George Washington, señaló que la Sección 301 nunca fue diseñada para que el presidente reescriba enteramente el esquema de tarifas y establezca sanciones permanentes. En su opinión, la medida actual podría ser anulada por un tribunal.
La iniciativa de tarifas no se limita a los países del continente americano. Tras imponer un cargo del 25% sobre productos brasileños, el gobierno anunció una investigación de 301 contra la Unión Europea, en respuesta a sanciones que esta entidad impuso a empresas tecnológicas estadounidenses. Además, se ha expresado la intención de aplicar tarifas del 50% sobre ciertos bienes canadienses. Este enfoque ha generado inmediata resistencia jurídica. Casi horas después de que las nuevas tarifas entraran en vigencia, dos pequeñas empresas presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional. Argumentan que el gobierno está utilizando la Sección 301 como pretexto para restaurar un sistema global de tarifas que fue anulado por la Corte Suprema cinco meses antes.
Este escenario plantea un riesgo significativo para el entorno comercial internacional. Mientras que los gobiernos pueden usar herramientas como la Sección 301 para defender sus intereses, su aplicación sin criterios claros o transparencia puede generar inestabilidad. Para inversores y empresarios peruanos, esto significa que las decisiones de políticas comerciales en Estados Unidos no solo afectan a mercados globales, sino que también pueden alterar la confianza en los acuerdos de comercio internacional. Si el sistema judicial rechaza estas medidas, podría generar una reevaluación de las posiciones comerciales de países que dependen de la estabilidad de las relaciones internacionales. En el contexto peruano, donde el comercio internacional es clave para la exportación de productos como el azúcar, el café o la tecnología agrícola, cualquier cambio en las reglas de juego globales puede impactar directamente la competitividad y los costos de importación.
El caso de Trump resalta la necesidad de que las políticas comerciales se basen en principios de transparencia y equidad, no solo en respuestas reactivas a sanciones o prácticas laborales. Para los peruanos, esto es una advertencia: la estabilidad del comercio internacional no depende únicamente de las decisiones de un gobierno, sino de la capacidad de mantener acuerdos justos y verificables bajo la ley.