Según Gestión, el marco legal para Servicios Por Impuestos (SxI) en Perú ha sido definido con la Ley Nº 29230, que regula las Obras Por Impuestos (OxI). Este nuevo instrumento busca abrir espacios para que el sector privado participe en la ejecución de servicios clave del Estado, alineándose con la lógica de colaboración público-privada que ya se evidencia en el caso de las OxI. Aunque el marco ha sido establecido, el avance real aún depende de la concreción de servicios priorizados y de la capacidad de los actores privados para adaptar sus ofertas a las necesidades institucionales.
El Ministerio de Educación (Minedu) publicó un listado de tres tipos de servicios clave para el SxI: la demolición parcial de edificaciones educativas en riesgo de colapso, acompañada por la instalación de espacios temporales para mantener el funcionamiento escolar; mejoras eléctricas en locales educativos; y el acondicionamiento de espacios para enfrentar condiciones climáticas extremas, como el frío intenso. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) identificó 14 servicios específicos, todos centrados en combatir enfermedades metaxénicas en comunidades rurales y fronterizas. Entre ellos se incluyen la nebulización espacial en viviendas para eliminar vectores de dengue, malaria y fiebre amarilla; la atención integral de niños, adolescentes y mujeres embarazadas para prevenir la anemia y la malnutrición; y el traslado y alojamiento de pacientes oncológicos afiliados al SIS, garantizando su acceso a tratamientos.
La implementación de SxI requiere que las empresas privadas evalúen sus capacidades y rediseñen sus modelos de negocio para responder a estas demandas. Según Julio Vidal, socio de CMS Grau, el proceso se renovará anualmente, lo que implica una constante actualización de la oferta y de los servicios prioritarios. Esta dinámica obliga a las firmas a mantener una vigilancia constante sobre las necesidades del Estado, sin perder de vista su viabilidad económica.
Para el lector peruano, este desarrollo representa una oportunidad de participación directa del sector privado en áreas críticas del bienestar social. Muchas comunidades rurales y fronterizas enfrentan desafíos estructurales en salud y educación, y la existencia de un marco legal que permita a empresas privadas intervenir puede acelerar soluciones prácticas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la equidad: ¿cómo se garantizará que los servicios lleguen a zonas más desatendidas? ¿Y cómo se evitará que las iniciativas se concentren en zonas más desarrolladas? Aunque el SxI no es un mecanismo de financiamiento directo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para diseñar criterios claros, transparentes y accesibles, que permitan a empresas de distintos tamaños y sectores contribuir de forma efectiva y equitativa.