Según Gestión, un reciente fallo del Tribunal Fiscal peruano establece que las empresas no pueden deducir los intereses de préstamos utilizados para cancelar otras deudas si no demuestran que el financiamiento original estuvo directamente ligado a sus actividades comerciales o a la generación de ingresos. Este criterio se aplica en casos donde una empresa refina deudas o reemplaza créditos para mantener liquidez, pero la ley exige más que la simple prueba de pago: se requiere evidencia de que el capital prestado fue empleado en operaciones que generan renta empresarial.
El caso analizado comenzó con una revisión fiscal de la Sunat sobre el Impuesto a la Renta del ejercicio 2017. La empresa dedicada a la comercialización mayorista presentó como justificación que los préstamos fueron destinados a pagar proveedores, cubrir obligaciones financieras anteriores y financiar créditos a empresas asociadas. Aportó transferencias bancarias, registros contables y otros documentos. Sin embargo, el tribunal identificó que carecía de pruebas claras que vincularan el financiamiento original con su actividad principal. Aunque los pagos se realizaron, no se demostró que el dinero prestado se empleara en operaciones directamente relacionadas con la generación de ingresos.
El fallo señala que la deducción de gastos financieros no se basa únicamente en la cancelación de una deuda, sino en el vínculo funcional entre el préstamo y el giro empresarial. Si el capital fue destinado a actividades distintas al desarrollo de la producción o al cumplimiento de funciones clave del negocio, el gasto no puede considerarse deducible. Esta línea de razonamiento busca evitar que las empresas utilicen financiamientos de reestructuración para ocultar costos o manipular su rentabilidad fiscal.
Para los empresarios peruanos, este caso es especialmente relevante. Muchos pequeños y medianos negocios en sectores como comercio, servicios o agricultura están en constante proceso de reestructuración financiera. Si no cumplen con la evidencia de que cada préstamo fue destinado a actividades generadoras de renta, podrían enfrentar sanciones fiscales o repago de impuestos. Es fundamental que los dueños de empresas revisen sus registros contables y aseguren que cada operación financiera esté respaldada por una justificación clara y documentada. En un entorno donde la Sunat intensifica sus auditorías, la transparencia en el uso de los recursos financieros no solo es una obligación legal, sino una estrategia clave para mantener la sostenibilidad y la credibilidad de su operación.
Este enfoque fortalece la integridad fiscal, protegiendo al sistema de manipulaciones que podrían distorsionar el resultado de las declaraciones. Los peruanos que gestionan sus negocios deben entender que cada movimiento de dinero no solo tiene un efecto económico, sino también una implicación tributaria que debe ser clara y justificada.