Según Gestión, el Tribunal Fiscal (TF) estableció un criterio clave sobre el nivel de prueba que debe presentar un contribuyente para justificar el origen de fondos provenientes de operaciones con criptomonedas. Este criterio surgió tras una fiscalización de Sunat al Impuesto a la Renta del ejercicio 2020, en la que se detectó un incremento patrimonial no justificado de 7.9 millones de soles. La autoridad tributaria argumentó que, aunque el contribuyente presentó reportes de billeteras virtuales, un informe técnico sobre el bitcoin y un cuadro en Excel que detallaba transacciones, dichas pruebas no demostraban de forma clara cómo esos fondos se tradujeron en depósitos bancarios. El TF, al examinar el caso, reafirmó que el peso de la prueba recae en el contribuyente, quien debe acreditar el origen de los recursos en el momento en que la administración identifica una variación anómala en su patrimonio.
El tribunal destacó que los registros de billeteras digitales, por sí solos, no son suficientes para vincular los movimientos de criptomonedas con el valor monetario que se deposita en cuentas bancarias. Para ello, se requiere una documentación que permita convertir las operaciones digitales en una cantidad de dinero reconocible en el sistema financiero tradicional. Sin una valoración precisa y un proceso de conversión formal, los datos no cumplen con el estándar probatorio exigido. Esto implica que los inversores que operan con criptoactivos deben ir más allá de los registros de sus plataformas y construir una línea de evidencia clara que muestre cómo las ganancias generadas en el mercado digital se traducen en ingresos bancarios.
Para los peruanos que gestionan sus inversiones fuera del sistema tradicional, este fallo representa una advertencia clave. Muchos aún confían en que las transacciones en plataformas digitales son suficientes para demostrar el origen de sus ingresos, sin necesidad de una estructura de evidencia más rigurosa. Sin embargo, el caso del TF muestra que la administración tributaria exige una conexión directa y verificable entre las operaciones digitales y el patrimonio bancario. Esto significa que, al invertir en criptoactivos, el ciudadano debe mantener no solo los registros de transacciones, sino también un registro detallado que explique cómo cada movimiento se convierte en una cifra en su cuenta bancaria. De lo contrario, podría enfrentar una revisión tributaria o incluso una demanda por incremento patrimonial no justificado.
En un contexto donde el mercado de criptomonedas crece rápidamente en el país, este juicio pone de manifiesto que la transparencia y la trazabilidad son requisitos legales, no solo éticos. Los inversores deben adaptar sus hábitos de registro para cumplir con el marco normativo actual, especialmente si buscan mantener su patrimonio dentro de los límites de la ley peruana.