Según Gestión, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) implementó a partir de julio de 2026 una nueva exigencia en el cumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) para servicios contratados por empresas peruanas desde el exterior. Esta medida se enmarca en la Resolución N.° 000047-2026/SUNAT, que establece una declaración jurada informativa que debe presentarse por parte de las empresas antes de efectuar el pago del impuesto. La obligación aplica a cualquier servicio prestado por entidades no domiciliadas en el Perú, como consultorías, asesorías, soluciones tecnológicas, licencias o acceso a bases de datos, siempre que dichos servicios sean utilizados dentro del territorio nacional.
El nuevo proceso requiere que las empresas registren, mediante Sunat Operaciones en Línea, información específica que permita vincular el pago del IGV a la operación real que lo originó. Este paso busca mayor transparencia en el registro tributario y asegura que cada pago esté directamente asociado a una actividad económica real. La declaración jurada no es una carga adicional en términos de cuantía, pero sí implica una modificación estructural en los procesos internos de facturación y control financiero. Si una empresa ya pagó el IGV sin incluir esta declaración, podría enfrentar sanciones por omisión, aunque el impacto en el uso del crédito fiscal aún no ha sido oficialmente definido.
El cambio no implica un aumento del impuesto, sino una reorganización del procedimiento de registro. La Sunat no ha establecido multas por incumplimiento, pero sí ha advertido que los errores o ausencias en la declaración podrían generar auditorías o revisiones posteriores. Para las pequeñas y medianas empresas, este requisito representa un desafío adicional en la gestión de sus operaciones, especialmente si dependen de proveedores internacionales para operar de forma eficiente. La carga administrativa puede ser más notable en sectores como el tecnológico, la consultoría o la producción de contenidos digitales.
Para el lector peruano, este ajuste resalta la necesidad de revisar los procesos de contratación de servicios extranjeros. Muchas empresas locales ya operan con proveedores internacionales, y ahora deben integrar una verificación formal sobre el uso de esos servicios dentro del país. Esto obliga a que los gestores evalúen no solo el costo, sino también la documentación que respalda cada pago. En un contexto de creciente regulación tributaria, la preparación anticipada puede evitar riesgos futuros y fortalecer la solidez financiera de las operaciones empresariales.