Según Gestión, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) ha anunciado una reducción de hasta un 95% en las multas aplicadas por incumplimientos en trámites aduaneros, bajo condiciones específicas. Esta medida busca fomentar el cumplimiento de las normativas tributarias, especialmente en operaciones que involucran importaciones y exportaciones de bienes. La acción se enmarca dentro de una estrategia de modernización del sistema de control aduanero, con el objetivo de acelerar procesos y disminuir el impacto de sanciones en empresas que cumplen con los protocolos establecidos.
La Sunat ha señalado que dicha reducción se aplica únicamente a aquellos casos donde se demuestre una correcta documentación, el cumplimiento de los plazos establecidos y la existencia de un sistema interno de control de operaciones. Los datos indican que el ajuste se aplica en un 95% de los casos evaluados, siempre que los documentos presentados cumplan con los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente. No obstante, la entidad resalta que no se trata de una exención total, sino de una revisión de sanciones que se ajustan conforme a la evidencia presentada por las empresas.
El caso de comisiones empresariales, por ejemplo, ha sido objeto de revisión judicial por la Corte Suprema de Justicia. Allí, se determinó que los pagos por comisiones pueden ser deducibles si se demuestra una relación real con la generación de ingresos, incluso cuando los contratos no usen terminología tradicional. La entidad tributaria argumentó que la mera denominación de "comisión" no garantiza la existencia de un servicio comercial, pero el tribunal concluyó que el vínculo entre el pago y las operaciones comerciales es lo que importa. Así, si un desembolso está integrado en un proceso que incluye financiamiento y comercialización de productos, puede considerarse como parte de la actividad empresarial.
Para el lector peruano, este desarrollo tiene implicaciones directas. Muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dependen de contratos de comisiones para facilitar ventas o distribución. Este fallo judicial y la política de reducción de multas permiten que estas empresas presenten sus pagos con mayor seguridad, sin temer que sean rechazados por falta de justificación. Además, al fortalecer el criterio de evaluación económica en lugar de formal, se abre una puerta para que las operaciones reales sean reconocidas, incluso si no siguen una estructura típica de comisiones. Esto puede contribuir a una mayor transparencia y reducir el riesgo de sanciones innecesarias en actividades cotidianas de comercio.