Según Gestión, el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Luna Victoria, calificó como ambiciosa la meta de reducir el incumplimiento tributario, que actualmente representa el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), hasta el 6,7% en 2030. El funcionario resaltó que, en la práctica, ningún país alcanza un cumplimiento total, debido a motivos como la mora, el fraccionamiento o incumplimientos conscientes. En América Latina, los países más eficientes registran niveles de incumplimiento en torno al 4% del PBI. Cada punto de reducción en Perú equivale a unos 14.000 millones de soles, lo que implica un esfuerzo financiero considerable.
El Impuesto General a las Ventas (IGV) será objeto de una estrategia intensa, centrada en fortalecer las detracciones y retenciones frente a la economía informal. El funcionario señaló que se priorizará la aplicación de estos mecanismos para cerrar brechas en la recaudación. Además, se adoptarán medidas firmes contra el uso de facturas falsas, con un enfoque de medición continua del comportamiento del mercado. Se están diseñando programas que culminarán en carpetas fiscales y denuncias penales, aunque no se han detallado sus dimensiones específicas.
En el ámbito de la minería, Luna Victoria identificó un potencial significativo para la recaudación tributaria. Destacó que, aunque la actividad inicial es informal, el proceso termina con exportaciones formales, lo que permite definir una cadena de valor que se puede regular tributariamente. En este sentido, se proponen que las plantas de procesamiento sean tratadas como aduanas, obligando a todos los sectores previos a pagar impuestos. Con esta línea, se estima que este año se recaudará un 36% más que en el año anterior en ingresos provenientes de la minería informal. Aunque el monto exacto aún no ha sido comunicado oficialmente, el avance en este sector se posiciona como parte clave del plan de mejora fiscal.
Para los peruanos, este enfoque implica una transformación gradual de las prácticas económicas informales, especialmente en sectores como la minería, donde la informalidad ha sido históricamente un punto crítico. La estrategia busca no solo aumentar ingresos fiscales, sino también promover una estructura más transparente y sostenible. Si bien el proceso requiere tiempo y ajustes, el impacto en la estabilidad fiscal puede ser profundo. Los ciudadanos deben estar conscientes de que las nuevas regulaciones afectarán sus actividades comerciales y productivas, y que el cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también un elemento clave para el desarrollo económico del país.