Según Gestión, un proyecto de ley presentado por la diputada Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, busca consolidar la reducción del IGV a 8% para micro y pequeñas empresas (mypes) en tres sectores: restaurantes, hoteles y hospedajes turísticos. Esta medida, que ya está vigente desde 2022, se extendería a partir de 2027, cuando el IGV aumentaría a 12%, y regresaría al 18% en 2028, alineándose con el tipo general aplicado al resto de actividades económicas. Las mypes son definidas como aquellas con ventas anuales inferiores a 1.700 UIT, equivalente a 9,3 millones de soles. Aunque el beneficio actual está en vigor, expertos cuestionan su permanencia, señalando que se originó en respuesta a impactos de la pandemia, pero que en el momento de su aprobación, la economía ya mostraba recuperación.
El economista Luis Miguel Castilla, director del Hágase Instituto, resalta que el efecto real del beneficio es limitado, ya que la mayoría de las empresas afectadas operan de forma informal y no registran pagos de IGV. Además, subraya que cada tres años debe reevaluarse la vigencia de cualquier reducción tributaria, a través de un análisis de costo-beneficio. Para él, hacer permanente esta medida sería una intervención mercantilista que prioriza intereses específicos en lugar de una política fiscal equilibrada. A su juicio, la sostenibilidad de este beneficio debe ser verificada de forma independiente, no asumida por defecto.
Jorge Picón, abogado tributarista y fundador del estudio Picón Asociados, concuerda en que no se justifica ampliar el beneficio a un grupo específico de mypes, especialmente en un contexto en que el gobierno peruano está en proceso de diseñar un nuevo régimen tributario. Este enfoque podría abrir espacios para una reforma más amplia y eficiente, que no dependa de subsidios a sectores vulnerables.
Para los peruanos, este debate tiene un peso real. Muchos restaurantes y hoteles en zonas turísticas dependen directamente de la estabilidad fiscal. Si el IGV sube en 2027, podrían enfrentar mayores costos operativos, lo que podría afectar precios, servicios o la viabilidad de operaciones. Sin embargo, la falta de un análisis profundo de los efectos en el mercado local y en la formalización de negocios sugiere que el beneficio no es neutro. Los sectores informales, que representan la mayor parte de la actividad, no reciben este apoyo, lo que genera una desigualdad fiscal. En un contexto donde el crecimiento económico depende de la dinámica de servicios, la decisión de mantener o modificar estas rebajas debe ser evaluada no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el de la inclusión y el desarrollo sostenible de las economías locales.