Segun Gestión, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha definido un plan estratégico para reducir la brecha de incumplimiento tributario en el Perú, con vistas al año 2030. La entidad, bajo la liderazgo de César Luna Victoria, ha señalado que el cumplimiento fiscal debe alcanzar niveles alineados con la media regional del Caribe y América Latina, concretamente al 6.7% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al actual 9%. Este objetivo se enmarca en el marco de una política fiscal más sólida, que busca recaudar más de S/ 224,208 millones en 2027, cifra que representa casi el 93% de los ingresos públicos.
En el caso del Impuesto General a las Ventas (IGV), la brecha de incumplimiento ha evolucionado de 32.8% en 2011 a 34% en 2025, lo que equivale aproximadamente al 3% del PBI. El plan de la Sunat busca reducir esta disparidad a un 16.4%, lo que supondría una disminución del 1.5% del PBI. Para el Impuesto a la Renta, la brecha comenzó en 2011 con una cifra de 51.1% y ha aumentado hasta el 52.3% actual, representando más del 6% del PBI. Se proyecta que esta figura disminuya hasta el 45.5%, lo que equivaldría a una reducción de 0.8% del PBI. Juntas, estas mejoras permitirían reducir el incumplimiento general del sistema fiscal de 9% a 6.7%, un avance significativo en términos de eficiencia y transparencia.
El proceso no solo es cuantitativo, sino también estructural. La Sunat ha enfatizado que las facilidades automáticas para pagos de impuestos se activarán en zonas afectadas por emergencias, como las que enfrentan comunidades en zonas rurales o con condiciones climáticas adversas. Esto permite que las personas y pequeñas empresas no se vean desplazadas por la falta de acceso a servicios financieros, manteniendo la continuidad de las obligaciones tributarias sin penalidades.
Para los peruanos, este escenario representa una oportunidad clave. Aunque el sistema fiscal actual enfrenta desafíos, como el alto nivel de incumplimiento, las metas establecidas indican una dirección clara: una gestión más equitativa, accesible y sostenible. Los ciudadanos, especialmente los de sectores vulnerables, podrán beneficiarse de mecanismos que facilitan el pago sin generar presión financiera. La reducción de la brecha en impuestos clave como el IGV y el IR también podría contribuir a una mayor estabilidad en los ingresos del Estado, lo que a su vez puede influir positivamente en servicios públicos y políticas de inversión. En un contexto donde el crecimiento económico depende de la confianza fiscal, estas medidas son un paso fundamental hacia una economía más justa y resiliente.