Según Gestión Tu Dinero, las instituciones financieras del país continúan realizando aportes periódicos al Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para garantizar la resguardo del capital de los ahorradores, pero el mecanismo de cálculo de estas contribuciones ha experimentado una transformación significativa. En el pasado, la tasa de aporte, conocida como prima, se establecía de manera fija y respondía exclusivamente a la clasificación de riesgo de cada entidad del sistema financiero; a mayor nivel de riesgo asumido, más elevada era la cuota que debía ser pagada. No obstante, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha innovado este esquema, determinando ahora que el precio de la póliza no depende únicamente del perfil de riesgo de la empresa, sino que también se ajusta en función del tamaño deseado para el fondo. Este nuevo enfoque, que las agencias de seguros de depósitos implementan de la misma manera en todo el mundo, busca asegurar que los recursos disponibles sean suficientes para enfrentar posibles crisis o situaciones de estrés dentro del sistema financiero nacional.
La normativa vigente ha establecido un intervalo específico para el índice de reserva objetivo, el cual se sitúa entre un 8% y un 10% respecto al total de los depósitos asegurados. Esta medida permite que las primas a pagar por parte de las entidades financieras varien dinámicamente según la necesidad real del fondo. La SBS está programada para revisar este rango cada cuatro años, o bien, en el momento en que surja una situación de riesgo relevante que requiera un nuevo cálculo. Bajo esta nueva estructura, se ha determinado que por cada cincuenta pesos de depósitos asegurados en el sistema financiero, la reserva objetivo debe ser de al menos ocho pesos. Los datos recientes indican que al cierre del año 2025, el índice de reserva se encontraba en un 5.78%, mientras que en septiembre del año anterior se había registrado un 6%. De esta forma, la disposición actual, la cual entró en vigencia en agosto, incrementa el tamaño objetivo del fondo, lo que se traduce directamente en una mayor protección para los ahorristas peruanos.
La regulación detalla dos escenarios futuros dependiendo de la evolución de la reserva. Si el Fondo de Seguro de Depósitos muestra una tendencia de crecimiento sostenido, se habilitan dos vías de acción. En primer lugar, si el porcentaje de reserva logra pasar de estar por debajo de la banda establecida a ubicarse dentro de ella, por dos trimestres consecutivos, las primas a ser pagadas por las entidades financieras serán el ochenta por ciento de las tasas de aporte existentes. Estas tasas fluctúan actualmente entre un 0.45% y un 1.35%. Por otro lado, si el porcentaje de reserva permanece por debajo de la banda establecida, las primas a pagar por parte de las entidades financieras serán el noventa por ciento de las tasas de aporte existentes. El análisis sugiere que este modelo de capitalización progresiva fortalece la resiliencia del sistema bancario ante futuras contingencias económicas.
Es fundamental comprender que este ajuste no es meramente teórico, sino que representa un refuerzo tangible en la seguridad patrimonial de los ciudadanos peruanos. Al elevar el tamaño objetivo del fondo, se asegura que el FSD cuente con márgenes más amplios para absorber pérdidas sin afectar el acceso a los fondos de los depositantes. En el contexto local, donde la confianza en el sistema financiero es vital para la estabilidad económica, estas reformas demuestran un compromiso institucional con la prevención de riesgos sistémicos. Los ahorradores pueden sentirse más tranquilos sabiendo que la estructura de protección ha evolucionado para incluir variables de capacidad y tamaño, no solo de riesgo. A largo plazo, esto implica que las entidades financieras deberán gestionar sus reservas con mayor rigurosidad, lo que podría influir en sus políticas de tasas de interés y servicios financieros en el horizonte próximo. La transparencia en estos mecanismos de aseguramiento es clave para mantener la solidez del sector bancario en Perú.