Según Gestión, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Desastres (Cenepred) ha advertido que El Niño podría provocar un déficit de lluvias a partir de octubre próximo, a pesar de que el fenómeno no ha alcanzado intensidad fuerte. Hoy, se observa una reducción sostenida en los volúmenes de agua almacenados en los embalses, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema hídrico del Perú ante variaciones climáticas. Este escenario exige respuestas estratégicas, especialmente en una región como Lima, donde el suministro de agua es crítico para millones de habitantes.
El proyecto Obras de Cabecera, concebido hace 25 años, busca transferir aguas de las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, ubicadas en la cuenca del río Mantaro en Junín, por un túnel trasandino hasta un afluente del río Rímac. Su objetivo es potenciar la capacidad de Sedapal para tratar y distribuir agua, ampliando así el suministro a 1.5 millones de usuarios en zonas clave como Ate Vitarte, Santa Anita, La Molina, Pachacamac-Manchay y la zona alta de Cieneguilla. Aunque se lanzó en febrero de 2014, el proyecto fue suspendido en 2023 tras múltiples retrasos. Posteriormente, fue reevaluado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y relanzado en julio de 2025 bajo ProInversión, ahora con una ejecución dividida en dos fases. La Fase 1 incluye el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa II (dos etapas de 2.5 m³/s cada una), el Ramal Sur hasta Manchay con cinco reservorios, y la operación de la infraestructura asociada.
La reestructuración no solo busca reforzar la capacidad de abastecimiento, sino también mitigar los riesgos que surgen de eventos climáticos extremos. En un contexto peruano donde las sequías y las lluvias intensas afectan con frecuencia a diferentes regiones, este proyecto representa una herramienta clave para estabilizar el suministro hídrico. Los usuarios en zonas vulnerables, como la parte sur de Lima, enfrentan cada vez mayores riesgos de interrupciones en el servicio por el deterioro de sistemas de desagüe y por la escasez de reservas. La implementación gradual permite una evaluación continua de resultados, reduciendo el riesgo de fracasos financieros o técnicos. Además, al estar dividido en fases, el proyecto permite ajustes en función de condiciones reales, como el nivel de precipitación o el estado de los embalses.
Para los peruanos, especialmente en áreas urbanas con alta demanda de agua, este reajuste refleja una necesidad real: la inversión en infraestructura sostenible que responda a las amenazas climáticas. Aunque el proceso aún está en etapas iniciales, su ejecución podría marcar un punto de inflexión en la gestión del agua en el país, al integrar planes de prevención y resiliencia en el diseño de sistemas públicos.