Según Yahoo Finance, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó el sistema de sanciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dictando una decisión 8-1 en contra de las compañías inmobiliarias AT&T y Verizon en su demanda contra la autoridad. La cuestión giraba en torno a si las audiencias internas de la FCC para imponer multas violaban el derecho constitucional de los afectados a ser juzgados por un juez o jurado. El gobierno de Donald Trump defendió el procedimiento de la FCC, conocido como órdenes de fijación, que permite a la agencia establecer penalidades sin necesidad de un juicio público.
La FCC impuso sanciones de 57 millones de dólares a AT&T y casi 47 millones a Verizon tras determinar que ambas empresas vendieron sin consentimiento datos de ubicación de clientes a terceros. En conjunto, la agencia aplicó cerca de 200 millones de dólares en multas a operadoras que no protegieron adecuadamente la información de sus usuarios. T-Mobile fue sancionada con 80 millones, mientras que Sprint —adquirido por T-Mobile en 2020— recibió 12 millones. Ambas compañías pagaron las multas, pero iniciaron procesos legales que generaron divisiones entre los tribunales de apelación regionales.
El tribunal de apelaciones de Nueva York, en el caso de Verizon, confirmó la multa, indicando que la FCC puede emitir una primera evaluación de sanción siempre que el afectado tenga derecho a presentar una demanda judicial contra las acciones de la agencia. Esta línea de razonamiento motivó el recurso ante el Tribunal Supremo. En cambio, el tribunal de Nueva Orleans, en el caso de AT&T, sostuvo que la evaluación inicial y la imposición de multa privaron al grupo de su derecho constitucional a un juicio por jurado. Esta decisión fue la que llevó a la FCC a presentar una apelación ante el máximo tribunal nacional.
El caso representa una evolución clave en la interpretación del derecho constitucional frente a las autoridades administrativas. Si bien el Tribunal Supremo no abrió una nueva línea de interpretación, su voto en favor de la FCC reafirma que las agencias federales pueden implementar procesos internos de sanción, siempre que el interesado pueda ejercer una defensa judicial.
Para los inversionistas y usuarios del Perú, este caso tiene implicaciones en la transparencia y control de las políticas de privacidad de las empresas tecnológicas. En un contexto donde el manejo de datos personales es cada vez más crítico, este tipo de decisiones fortalece el marco legal que exige que las compañías cumplan con normas claras de protección. Aunque el caso se desarrolla en Estados Unidos, su enfoque en el derecho de acceso a justicia y la gestión de datos puede servir como referencia para debates sobre regulación digital en América Latina. Los peruanos, al ser parte de una economía digital creciente, deben estar atentos a cómo se regulan los datos personales y cómo se protegen los derechos de los consumidores frente a las grandes plataformas.