Segun Gestión Tu Dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha presentado un proyecto de norma con el objetivo de armonizar las prácticas de evaluación crediticia en las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). Este marco busca erradicar disparidades en cómo las entidades asignan créditos a sus socios, especialmente en la medición de su capacidad real de pago. Las inspecciones realizadas revelan que muchas cooperativas aplican criterios dispersos: algunas valoran los aportes acumulados, otras priorizan garantías inmuebles o la antigüedad del socio, sin integrar una evaluación completa de la situación financiera del solicitante. Este enfoque, según Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, podría distorsionar la percepción real de la solvencia de los socios.
El nuevo reglamento establece que los créditos solo serán concedidos si se analizan los ingresos del socio frente al total de sus obligaciones. De esta manera, se rechazan las bases tradicionales como el monto de aportes o el valor de garantías, que podrían generar una sobreestimación del riesgo. El enfoque se centra en una evaluación más rigurosa y equilibrada, que evite que socios con deudas altas sean incluidos sin análisis profundo. Este cambio busca prevenir el sobreendeudamiento, una problemática que se ha incrementado en el sistema cooperativo peruano.
La morosidad en el sistema cooperativo alcanzó el 18.6% al cierre de 2025, un alza respecto a los 14.9% del año anterior y los 11.9% de 2023. Este indicador refleja una presión creciente en el sector, especialmente en cooperativas de nivel 1 y 2, que son las más pequeñas y generalmente con menos recursos para gestión financiera. Estas entidades registran tasas de morosidad que superan el promedio general, lo que las coloca bajo vigilancia directa de la SBS. Casana estimó que entre el 30% y el 40% de los asociados en cooperativas de tamaño reducido podrían estar en situación de riesgo de sobreendeudamiento.
Para el lector peruano, este panorama indica que las cooperativas, aunque son instrumentos de inclusión financiera, enfrentan desafíos estructurales en la gestión de riesgos. Muchos socios, especialmente en zonas rurales o con ingresos estables pero limitados, podrían estar expuestos a deudas que no reflejan su capacidad real de pago. La nueva norma no solo busca proteger a las cooperativas, sino también a sus socios, al reducir la probabilidad de que se enfrenten a problemas de pago que afectan su estabilidad económica. En un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo clave para el crecimiento personal y familiar, este enfoque puede fortalecer la confianza en el sistema cooperativo y promover un desarrollo más sostenible.