Segun Gestión Tu Dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementará modificaciones en el Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO), que rige a afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a sus beneficiarios. Las actualizaciones se aplicarán antes de la novena licitación, programada para las próximas semanas. Entre las principales novedades, se extiende el plazo para otorgar pensiones preliminares hasta 72 meses, en casos de regularización de aportes o determinación judicial de una relación laboral. Esta medida busca alinear los tiempos de espera con la complejidad de los procesos judiciales previsionales. El periodo podrá finalizar anticipadamente si se notifica una resolución judicial ejecutoriada o consentida, o si no se acredita oportunamente el inicio de las acciones judiciales pertinentes, conforme a lo establecido en la norma.
Además, la SBS impone restricciones para evitar conflictos de intereses durante el proceso de adjudicación. Empresas que operan como administradoras de fondos (EAF) y participan como postoras no podrán integrar el Comité de Adjudicación ni tener participación en la elaboración de las bases de licitación. Sin embargo, mantienen la obligación de suscribir contratos, ya que el proceso se desarrolla en representación colectiva de los afiliados. Las nuevas disposiciones exigen que cada decisión esté fundamentada y que se documente el proceso para detectar, evaluar y gestionar posibles conflictos de interés. Estas pautas aseguran transparencia y cumplimiento normativo en cada etapa del proceso.
En cuanto a la protección de datos, la norma establece mecanismos de control, como separación de funciones, controles de acceso, registros de trazabilidad y obligaciones de confidencialidad. Estas herramientas fortalecen la supervisión y permiten auditorías efectivas. La SBS considera que estas medidas son esenciales para garantizar que los procesos de adjudicación y gestión de seguros se realicen de forma ética, transparente y con plena protección de los derechos de los afiliados.
Para los peruanos que dependen del sistema privado de pensiones, estos cambios significan mayor estabilidad en el acceso a pensiones, especialmente en casos complejos como la validación de relaciones laborales. Aunque el proceso puede tardar hasta 72 meses, el hecho de que se pueda acelerar en condiciones específicas ofrece cierta previsibilidad. Además, la separación entre roles de postor y de evaluación reduce riesgos de sesgos. En un contexto donde muchos trabajadores enfrentan largos procesos para obtener reconocimiento laboral, estas medidas buscan equilibrar la eficiencia del sistema con la protección de sus derechos.