Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 que el gasto corriente en el presupuesto público no financiero ha aumentado frente a la inversión. Este desplazamiento se debe en parte a una serie de leyes aprobadas en el Congreso que han elevado el gasto “rígido”, especialmente en áreas como las planillas de personal y los sistemas de pensiones. El MEF proyecta que estos costos podrían alcanzar S/ 50 mil millones para 2027, lo que podría reducir el margen disponible para inversiones estratégicas si no se implementan ajustes. El texto del presupuesto para el año fiscal 2027 ya fue presentado al Parlamento, y su monto total se sitúa en más de S/ 266,506.3 millones, un incremento del 3.5% respecto al presupuesto inicial de 2026, que ascendía a S/ 257,561.6 millones. Este aumento representa una variación de S/ 8,944.7 millones en términos nominales.
El proyecto asigna S/ 178,141.6 millones al gasto corriente, distribuido entre los tres niveles de gobierno: ministerios, regiones y municipios. Este monto incluye el costo de las planillas y las pensiones estatales, lo que implica un incremento de S/ 11,086.6 millones frente al presupuesto de apertura de 2026. Por otro lado, el gasto de capital se fija en S/ 57,143.3 millones, una reducción de S/ 635.3 millones en comparación con el PIA de 2026, especialmente en el sector nacional y regional. Esta disminución afecta directamente la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura, educación o salud, que requieren inversiones a largo plazo.
Para el lector peruano, este panorama revela una realidad de equilibrio fiscal delicado. Aunque el crecimiento del presupuesto parece positivo a primera vista, la asignación desfavorable entre gasto corriente y gasto de capital pone en riesgo la sostenibilidad de las políticas públicas. Si el Estado no redirige parte de esos recursos hacia proyectos que generan retorno económico, el crecimiento de la inversión podría ralentizarse. Esto impacta directamente en sectores como el empleo, la vivienda o la educación, donde la inversión pública es clave para el desarrollo sostenible. En un contexto de inflación y crecimiento moderado, el equilibrio entre mantener servicios básicos y fomentar desarrollo estructural debe ser reevaluado. El caso peruano muestra que el simple aumento de los salarios no es suficiente sin una estrategia clara de uso de los recursos públicos.