Según Gestión, el Pleno del Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley N° 29090, que regula la habilitación de edificaciones urbanas. Esta actualización busca reforzar el papel del revisor urbano, figura clave en la evaluación técnica y legal de proyectos de construcción. En un escenario donde muchas municipalidades enfrentan retrasos o incoherencias en la autorización de obras, el revisor urbano actúa como mecanismo de garantía, validando que los proyectos cumplan con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y los lineamientos urbanísticos vigentes. Su informe técnico favorable adquiere carácter vinculante, lo que permite que los distritos omitan la revisión por comisiones municipales, acelerando así el proceso de habilitación.
El nuevo texto legal define claramente quiénes pueden desempeñar el rol de revisor urbano: profesionales titulados en arquitectura, ingeniería civil, sanitaria, eléctrica o electromecánica, que ejerzan en su especialidad. Este detalle previamente ausente en la normativa otorga mayor claridad sobre las competencias profesionales válidas. Además, se establece que el profesional debe recibir reconocimiento oficial del Estado para emitir el informe técnico. Este requisito garantiza que los anteproyectos y proyectos de habilitación sean evaluados bajo criterios estandarizados, previa verificación de su conformidad técnica y legal. El marco también incluye condiciones específicas: el revisor urbano debe actuar en todo el territorio nacional, ejercer funciones en forma colegiada, y referirse explícitamente al RNE como base normativa. También se definen circunstancias en las que el profesional no puede asumir el cargo, como cuando presenta conflictos de intereses o carece de la formación técnica exigida.
Para los ciudadanos peruanos, este cambio representa un avance en la transparencia y eficiencia de los procesos de construcción. En zonas como Lima, donde la demanda de vivienda crece constantemente y los proyectos se multiplican, una figura técnica independiente y bien regulada puede reducir el riesgo de obras no conforme, que a veces generan daños a la infraestructura o amenazan la seguridad pública. Al eliminar la dependencia de comisiones municipales, el proceso se vuelve más predecible, especialmente para quienes buscan construir o rehabilitar viviendas. Además, el reconocimiento estatal del revisor urbano asegura que los criterios de calidad y seguridad sean aplicados de forma uniforme, independientemente de la localidad. Este modelo puede ser clave para evitar desequilibrios en el desarrollo urbano, promoviendo soluciones sostenibles y seguras para las comunidades.