Segun Gestión, el Gobierno presentó un pedido de facultades legislativas que incluye la posibilidad de establecer incentivos económicos para trabajadores del Estado que opten por su desvinculación voluntaria. Este mecanismo se aplicaría específicamente a personal contratado bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, donde los incentivos serían calculados de forma equivalente a los derechos protegidos en ese marco laboral. La propuesta no otorga al Estado la capacidad de despedir a quienes gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanece protegida por la ley.
La iniciativa busca promover la reestructuración de personal en ministerios, organismos descentralizados, entidades reguladoras y otros cuerpos donde se identifique una sobrecarga de personal. Ricardo Herrera, especialista en derecho laboral del estudio Muñiz, señala que el programa se enfocaría en facilitar la salida voluntaria de empleados bajo regímenes privados, sin afectar a los servidores con estabilidad legal. La abogada Gloria Rodríguez Vega amplía el alcance, indicando que los incentivos podrían extenderse también a trabajadores bajo el Decretos Legislativos N° 276 y N° 728, así como a personal contratado a plazo indeterminado en el Sistema de Contratación Administrativa Simplificada (CAS). Sin embargo, el texto original no menciona explícitamente a los servidores del servicio civil, conforme a la Ley N° 30057, ni a quienes integran carreras o regímenes especiales.
Para el lector peruano, esta iniciativa representa un punto de inflexión en la gestión del personal público. Aunque se enfoca en empleados bajo regímenes privados, el impacto puede ser significativo en entidades que enfrentan tensiones por falta de eficiencia o recursos. Los trabajadores del servicio civil, que cuentan con estabilidad legal y protección integral, no están incluidos en esta propuesta, lo que deja abierta la pregunta sobre si las reformas laborales en el Estado respetan la equidad entre distintos regímenes. En un contexto donde la eficiencia y el costo operativo son factores críticos, es esencial que cualquier medida de reducción de personal no comprometa derechos fundamentales. La ausencia de menciones a los servidores del servicio civil sugiere que las políticas laborales públicas aún enfrentan desequilibrios en su aplicación. El debate sobre qué personal puede ser objeto de incentivos y cuáles no, debe abordarse con transparencia para garantizar que no se vulneren derechos legales de quienes más tiempo han servido al país.