Según Gestión, una nueva iniciativa legislativa del Congreso de la República, el proyecto N° 00422-2026-2031-CD presentado por la bancada de Renovación Popular, busca reforzar el marco jurídico que gobierna las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA), que recién cumplen su primer año de vigencia. Este enfoque resurge tras una serie de reformas que redujeron significativamente el espacio de intervención de organismos como la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
Antes de que el gobierno de José Balcázar concluyera su mandato, aprobó una ley de crédito suplementario por S/ 4,160.3 millones. Esa norma, aunque destinada a financiar proyectos, dejó en claro que las entidades reguladoras perderían su derecho a emitir opiniones no vinculantes sobre contratos de APP y PA. Esto incluyó aspectos clave como tarifas, acceso al servicio o niveles de calidad, como en el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro o el Parque Industrial de Ancón. Desde entonces, sus intervenciones se redujeron únicamente a la fase de ejecución, dejando fuera de la toma de decisiones críticas durante la concepción y diseño de los proyectos.
La especialista Aouda Del Castillo, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría (PPU), señala que esta limitación generó una disminución en la capacidad de los reguladores para garantizar que los proyectos cumplan con estándares de servicio y sostenibilidad. Aunque se han producido reflexiones en el sector, no existe aún un análisis cuantitativo que mida el impacto de esta pérdida de poder. Ahora, la propuesta de Renovación Popular no solo busca recuperar las facultades eliminadas por la ley suplementaria, sino extender el alcance de intervención a etapas previas, incluyendo la fase de diseño y las modificaciones contractuales.
Para los peruanos, este regreso de los organismos reguladores a su rol inicial es un paso clave en la construcción de una infraestructura más responsable. Al reintroducir su participación en la formulación de contratos y en la definición de servicios, se fomenta una mayor transparencia y equilibrio entre el sector público y privado. Esto puede reducir riesgos de desigualdades en el acceso a servicios básicos, como transporte o energía, y garantizar que las inversiones no solo generen rentabilidad, sino también bienestar colectivo. En un contexto donde los proyectos públicos enfrentan crecientes presiones por eficiencia y costo, la reafirmación del rol de los reguladores representa una herramienta para proteger los intereses de la población.