Según Gestión, cuando dos personas adquieren un inmueble sin estar casadas ni bajo un régimen de unión de hecho, la propiedad se establece como copropiedad. En este modelo, cada uno posee una fracción específica del bien, denominada alícuota, que debe definirse al momento de la compra y registrarse en los registros públicos. La falta de un acuerdo claro sobre estas participaciones genera riesgos significativos, especialmente en caso de ruptura de la relación.
El hecho de que uno aporte más dinero no implica automáticamente que tenga un mayor derecho sobre el inmueble. El derecho de propiedad no se deriva solo de la cantidad entregada, sino de la existencia de un vínculo jurídico que lo valide. Para reclamar una participación, se debe probar que el aporte fue efectuado en nombre de ambos o que forma parte de un patrimonio común derivado de una convivencia estable. Sin esta prueba, el aporte puede quedar como una obligación económica sin derecho de propiedad asociado. En tales casos, podría surgir una demanda por devolución del dinero, bajo criterios de equidad y justicia.
Las pruebas más relevantes para acreditar aportes son transferencias bancarias, estados de cuenta, comprobantes de pagos y comunicaciones entre las partes. Estos documentos pueden ser clave para demostrar que el dinero fue destinado al financiamiento de la vivienda. En ausencia de un registro oficial o de un acuerdo escrito, el sistema jurídico se basa en la evidencia para decidir quién tiene derecho sobre el bien.
Para el lector peruano, este escenario resalta la importancia de formalizar cualquier adquisición de bienes comunes, especialmente cuando se trata de viviendas. Muchas parejas en el país viven en relaciones de convivencia sin registros legales que definen la propiedad. Esto aumenta el riesgo de conflictos económicos y emocionales al final de la relación. En un contexto donde el acceso a vivienda es limitado, la falta de claridad sobre quién posee qué parte de un departamento puede obstaculizar el desarrollo de relaciones estables y justas. Es fundamental que, antes de cualquier inversión, se establezcan acuerdos claros y se registren los aportes, para evitar futuros desacuerdos que podrían afectar tanto a la economía personal como a la estabilidad familiar.