Segun Gestión, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha establecido un mecanismo que permite reportar a empresas con deudas laborales impagas, incluso antes de que se active la cobranza coactiva. Este procedimiento, regulado en la Directiva 002-2021-SUNAFIL/OAD-UCEC, prevé el ingreso mensual de obligados privados a centrales de riesgo por deudas no pagadas, tanto en fase no coactiva como en la ejecución formal. En un caso específico, una empresa sancionada por infracciones laborales recibió un requerimiento para pagar una multa, y ante la falta de pago dentro del plazo, Sunafil anunció que sería remitida a una central de riesgos. Esta medida generó una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por temor a que el registro afecte su actividad financiera, comercial y laboral.
La primera instancia del Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, rechazó el recurso, argumentando que el procedimiento no constituye una barrera burocrática que deba ser revisada por ese órgano. Sin embargo, la empresa recurrió la decisión ante la Sala Especializada en Eliminación de Barreras, lo que evidencia una tensión entre la eficacia del cumplimiento de normativas laborales y los límites de las acciones de cobro. Si bien el objetivo de Sunafil es asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, el impacto directo en el rendimiento financiero de una empresa —especialmente en sectores como el servicio, la construcción o el comercio— puede ser significativo. El hecho de que una deuda no pagada sea registrada en una central de riesgos puede afectar la capacidad de financiamiento, la contratación de nuevos proveedores o la reputación empresarial.
Para el lector peruano, este caso es especialmente relevante porque muchos pequeños y medianos negocios operan bajo margen de liquidez reducido. La presión por pagar multas por infracciones laborales —como el incumplimiento de contratos de trabajo o de salarios— puede generar un efecto de cascada en su capacidad de mantener operaciones estables. Si una empresa enfrenta sanciones por no cumplir con normas laborales, pero no cuenta con liquidez suficiente para pagar, la posibilidad de que su historial sea registrado en centros de riesgo puede obstaculizar su acceso a créditos o a nuevos contratos. Es clave, por tanto, que las instituciones reguladoras evalúen no solo la efectividad de las sanciones, sino también su impacto en la viabilidad de las empresas, especialmente en contextos de escasez de recursos. La transparencia y el equilibrio entre la disciplina laboral y la protección del negocio deben ser garantizados para fomentar un entorno de negocios más sostenible.