Segun Gestión, una corte superior peruana analizó si el incumplimiento de instrucciones durante una licencia médica y la violación de normas internas constituyen una falta grave que justifique el despido. El caso se originó cuando un trabajador solicitó su reposición tras ser despedido por no seguir las recomendaciones médicas durante su periodo de descanso. Inicialmente, el Poder Judicial declaró que la demanda era válida y ordenó la reincorporación del empleado. Sin embargo, la Sala Superior consideró que, aunque no se detectó fraude, sí se vulneró un derecho fundamental, por lo que también dispuso su reintegro. La Corte Suprema, al revisar el caso, examinó si el incumplimiento de instrucciones médicas y la infracción de reglamentos internos podían ser clasificados como faltas graves que expongan al empleador al derecho de despedir. El análisis se enmarcó en el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que prevé el incumplimiento de la buena fe laboral como causa de terminación del contrato. La corte destacó que ningún despido se presume, y que el empleador debe acreditar con evidencias objetivas el comportamiento imputado. En su decisión, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria concluyó que el trabajador sí violó las obligaciones derivadas del descanso médico, infringió el reglamento interno y quebrantó la buena fe laboral, lo que le dio sustancia a la falta grave que justifica la terminación del contrato.
Para el lector peruano, esta sentencia es relevante porque refuerza que las condiciones de descanso médico no son meras formalidades, sino derechos que deben respetarse por parte de la empresa. Aunque el trabajador tiene la obligación de seguir las recomendaciones médicas, el hecho de que estas sean parte de un acuerdo contractual no anula el derecho fundamental a la salud. En un entorno laboral donde muchas empresas exigen cumplimiento de normas durante licencias, este caso alerta sobre la necesidad de equilibrar el deber de cooperación con el derecho a la protección de salud. Los empleadores deben asegurarse de que sus políticas internas no vulneren derechos fundamentales, y los trabajadores deben estar informados sobre sus responsabilidades, sin que esto implique una pérdida de empleo por conductas que no están justificadas por la ley. En un contexto donde el mercado laboral peruano enfrenta presiones crecientes por eficiencia y productividad, este caso sirve como punto de referencia para mantener un equilibrio entre exigencias organizacionales y el respeto a los derechos laborales.