Según Gestión, la Corte Suprema de Perú examinó un caso en el que una trabajadora reclamaba que un pago por horas adicionales trabajadas debía integrarse a su remuneración básica. Aunque la empresa abonaba de forma constante las horas extra, ese monto no se incluía en el cálculo de beneficios como la CTS, las vacaciones o las gratificaciones. El enfoque de la corte fue centrarse en la naturaleza real del concepto, no solo en cómo se denomina en el contrato. Identificó que el pago era una contraprestación directa por el trabajo realizado, se percibía de manera regular y no estaba sujeto a condiciones ni limitaciones. Además, la trabajadora podía usar el dinero libremente, lo cual reforzó su caracterización como parte de la remuneración. Por esta razón, la corte concluyó que el concepto cumplía con las condiciones esenciales para ser considerado como parte del sueldo básico.
La decisión implica un cambio en la forma en que se evalúan las remuneraciones en el ámbito laboral. Si un pago es entregado como compensación por horas extra, y se repite de forma constante, debe ser considerado dentro del cálculo de beneficios. Esto afecta directamente a trabajadores que perciben adicionales por jornadas más largas, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería o servicios de atención. En muchos casos, los empleadores agrupan estos pagos fuera del sueldo para evitar que se aumente el monto base, lo que puede generar una desigualdad en el acceso a derechos laborales. El caso señala que la verdadera finalidad de un pago —no su nombre— es lo que determina si puede ser incluido en beneficios.
Para los trabajadores peruanos, este fallo es una herramienta de protección. Muchos empleos informales o de bajo nivel no incluyen estos pagos en el cálculo de la remuneración, lo que limita el acceso a garantías como la CTS o vacaciones compensatorias. Al reconocer que el pago por horas extra es remunerativo, el sistema laboral se vuelve más justo y transparente. Es clave que los empleadores revisen sus estructuras de pago y aseguren que todos los ingresos por trabajo real sean considerados en el cálculo de beneficios. Así, cada trabajador, independientemente de su cargo, puede contar con un cálculo equitativo y conforme a la ley.