Segun Gestión, un informe de Axpen —alianza entre Apoyo Consultoría y Vinatea Toyama— revela que cinco iniciativas legislativas ya están en el Pleno del Congreso de la República y podrían aprobarse antes del final del periodo legislativo. Entre ellas, destaca una sobretasa del 35% para el trabajo nocturno, que afectaría directamente a sectores críticos como clínicas, centrales de emergencia y servicios de seguridad. Jorge Toyama, socio de Vinatea Toyama, señala que esta medida podría desencadenar cierres de empresas, especialmente en contextos de alta demanda de personal nocturno.
Otra propuesta que genera riesgos es el cálculo de utilidades que asignaría el 75% del monto basado en los días laborados. Este enfoque, según el especialista, disminuiría la motivación de los trabajadores altamente calificados y productivos, ya que desincentiva el rendimiento. Además, se considera la implementación de protección contra el despido para padres de parejas gestantes desempleadas, así como el establecimiento de descanso obligatorio los sábados por razones religiosas. Estas normas, aunque bien intencionadas, podrían generar un aumento del costo operativo para empresas, especialmente en sectores que operan en horarios continuos.
Toyama advierte que si todas estas medidas son aprobadas, el impacto sería significativo: en empresas que operan 24 horas al día, donde la mano de obra representa más del 50% del costo total, el riesgo de quiebras podría aumentar drásticamente. Aunque existen mecanismos legales como acciones de inconstitucionalidad o amparos para cuestionar estas normas, el especialista considera que estas soluciones son postergadas y no garantizan una respuesta oportuna.
En el escenario peruano, donde el empleo formal sigue enfrentando presiones por costos y competitividad, estas propuestas podrían acelerar la informalización laboral. Muchas empresas, especialmente en Lima, dependen de estructuras flexibles y de turnos extensos para mantener sus operaciones. Si los nuevos proyectos no se revisan con criterios de sostenibilidad, el resultado podría ser una reducción en la creación de puestos de trabajo de calidad, afectando especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores en sectores clave como salud, seguridad y servicios.
Para el lector peruano, este panorama representa una advertencia clara: la regulación laboral debe equilibrar protección social con la viabilidad económica. Si las leyes no consideran el entorno real de operación de las empresas, el resultado será una disminución en la oferta de empleos estables, impactando directamente a la economía familiar y al crecimiento sostenible del país.