Según Gestión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha ampliado la delegación de competencias a ProInversión, designándola como Entidad Pública Titular del Proyecto (EPTP) durante la fase de ejecución del contrato de concesión del Ferrocarril del Centro. Esta medida, formalizada mediante la Adenda N.° 1 al Convenio de Delegación de Competencias firmado el 19 de mayo de 2026, otorga a ProInversión la responsabilidad integral de implementar el servicio de transporte de pasajeros entre Lima y Chosica. La decisión se concretó con la firma el 28 de agosto de 2026, por parte del ministro Rafael Rey Rey y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, en Lima.
El objetivo principal de esta asignación es gestionar el proceso de modificación contractual derivado de la Adenda N.° 11, que prevé invertir en infraestructura ferroviaria para operar el tramo Lima-Chosica. La iniciativa se basa en una propuesta presentada por Ferrovías Central Andina S.A. en agosto de 2025, que propone ejecutar obras adicionales para capacitar el sistema. El contrato original del Ferrocarril del Centro se firmó en septiembre de 1999 entre el Estado peruano, representado por el MTC, y la empresa concesionaria. Este marco legal establece las bases para la gestión actual, aunque ahora se traslada la ejecución operativa a una entidad especializada en inversión pública.
La adenda firmada tiene una vigencia temporal, que se mantendrá hasta que concluya el contrato de concesión. En ese sentido, el MTC debe entregar a ProInversión, dentro de un plazo máximo de sesenta días hábiles, toda la documentación técnica, legal, económica y financiera relacionada con la administración del contrato. Esta información será clave para que ProInversión desarrolle un plan de ejecución que respete los límites y alcances del acuerdo original.
Para los habitantes del centro del país, este movimiento representa una señal clara de reactivación del transporte ferroviario, que ha estado en proceso de revisión por más de dos décadas. Aunque el tren no opera actualmente en su tramo completo, su reactivación podría mejorar la conectividad entre Lima y zonas rurales de la región central, reduciendo los tiempos de desplazamiento y fomentando el uso de medios sostenibles. Además, al estar bajo gestión de una entidad con experiencia en inversiones públicas, el riesgo de ineficiencia o corrupción podría disminuir. Para el peruanista medio, esto no solo implica una mejora en la movilidad, sino también en la visibilidad de que el Estado está reorganizando sus infraestructuras clave para responder a necesidades reales de la población.