Según Gestión, el proyecto de Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027 plantea una reducción significativa en el financiamiento destinado a viviendas de interés social. El monto asignado al Bono Familiar Habitacional (BFH), el subsidio principal para familias de bajos ingresos bajo el programa Techo Propio, disminuirá de más de S/ 1,000 millones en el Presupuesto Institucional de Apertura de 2026 a solo S/ 436 millones en 2027. Esta caída representa un 54% menos que el nivel inicial, interrumpiendo una tendencia positiva de tres años consecutivos en los que el presupuesto se mantuvo por encima de esa cifra. Aunque el Bono del Buen Pagador (BBP), vinculado al crédito Mivivienda, experimentaría un ligero aumento hasta S/ 85 millones, este monto aún queda por debajo del otorgado en 2025.
La disminución de estos recursos impacta directamente la capacidad del Estado para garantizar acceso a viviendas dignas, especialmente en Lima, donde el 55% de los interesados en adquirir una vivienda deciden suspender su compra por falta de apoyo financiero. Esta decisión no se debe únicamente a la escasez de fondos, sino a la percepción de inestabilidad en los programas de vivienda social. Para Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el enfoque actual del Gobierno de Keiko Fujimori es insuficiente, dado que, aunque el plan político mencionaba la vivienda como prioridad, no se ha traducido en inversiones reales.
Además, el escenario se complica por la llegada del Fenómeno de El Niño (FEN), que generará una demanda creciente de reconstrucción de viviendas dañadas. Valdivia señala que, en este contexto, no solo se requiere mantener los subsidios del 2025, sino incrementarlos, ya que los bonos para reconstrucción tienen valores unitarios superiores. Esta necesidad adicional no está contemplada en el proyecto de presupuesto, creando una brecha entre las proyecciones y la realidad.
Para los peruanos que aspiran a acceder a viviendas dignas, este escenario implica una mayor incertidumbre. La reducción de subsidios, especialmente en una región como Lima donde el acceso a vivienda es crítico, puede reforzar el fenómeno de la informalidad y la especulación inmobiliaria. Mientras el sector busca soluciones, el ciudadano medio enfrenta una realidad en la que las políticas públicas no responden a las necesidades reales de su entorno. Sin un enfoque claro y sostenido, el avance en la vivienda social seguirá siendo lento, y muchas familias seguirán desplazadas o sin opciones viables.