Según arXiv q-fin, un estudio analiza cómo las leyes de compras públicas en Colombia inducen que los compradores estén más propensos a asignar valores estimados cercanos a umbrales legales, evitando procedimientos más competitivos. Los umbrales son específicos por entidad, ajustándose anualmente al salario mínimo, mientras que los valores redondeados que normalmente generan agrupaciones en los datos permanecen inmutables. El análisis se basa en más de ocho millones de procesos de compras registrados en SECOP I y II entre 2011 y 2026. En este conjunto, se detectan patrones claros de agrupación de valores estimados justo por debajo de los umbrales legales: 49,631 procesos exceden el umbral de pequeñas compras (86% del total observado en los cinco por ciento más bajos), y 3,157 se concentran por debajo del umbral de licitación. Esta agrupación se alinea con el movimiento del salario mínimo, aparece exclusivamente en los rangos definidos por cada entidad y se reduce en magnitud cuando los procesos no tienen límites de valor.
Los gobiernos locales, dirigidos por autoridades electas, muestran una mayor tendencia a agrupar valores en los umbrales de pequeñas compras, incluso cuando se ajustan por el tamaño presupuestario, el tipo de entidad y el año. En contraste, los procesos que se sitúan justo por debajo del umbral de licitación reciben menos ofertas, obtienen descuentos más bajos y son más propensos a ser ampliados tras la adjudicación. Un fenómeno adicional revela que, durante las cuatro semanas previas a las elecciones presidenciales, se observa un aumento del 209% en contratos directos, mientras que durante la prohibición de contratos directos, estos disminuyen en un 95%. Este comportamiento sugiere que los compradores interpretan las reglas de tiempo como señales que influyen en sus decisiones.
Para el lector peruano, este hallazgo tiene relevancia directa. En nuestro contexto, donde las leyes de contratación pública también establecen umbrales por valor y por entidad, los datos sugieren que existen mecanismos que podrían ser explotados para evitar procesos competitivos. Si los valores estimados se agrupan cerca de límites legales, es posible que se esté evitando la apertura de licitaciones más amplias, lo cual podría afectar la transparencia y la calidad de los contratos. El caso de Chile, donde la eliminación de un umbral en 2024 dejó de observarse agrupación, indica que los umbrales legales son factores clave en la conducta de los compradores. En el Perú, donde las instituciones públicas gestionan contrataciones en múltiples niveles administrativos, esta dinámica podría replicarse, especialmente en entidades con presupuestos limitados o bajo supervisión más débil. Es fundamental que los ciudadanos, los auditores y las instituciones de control comprendan estos patrones para exigir mayor rigurosidad en la aplicación de las leyes de contratación. La presencia de umbrales fijos y su relación con el salario mínimo no es solo un detalle técnico, sino un indicador de cómo se estructuran las decisiones en el ámbito público.