Segun Gestión, la pobreza monetaria en Perú siguió reduciéndose en 2025, alcanzando un nivel nacional de 25.7% con 8.8 millones de personas afectadas. Sin embargo, el perfil geográfico de esta situación ha cambiado radicalmente: el 74.1% de los peruanos en situación de pobreza se encuentra en entornos urbanos. Este desplazamiento se acelera desde 2019, cuando solo el 56.7% de la población pobre habitaba en zonas urbanas, y ahora representa siete de cada diez peruanos. Javier Portocarrero, representante de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI, destacó que las dinámicas económicas han generado una distribución desigual entre el campo y las ciudades, convirtiendo a la pobreza en un fenómeno más urbano. En este escenario, el 70% de todos los pobres en el país viven en ciudades, con casi un tercio concentrado en Lima, superando en número a los pobres rurales en total.
Un análisis del Instituto Peruano de Economía revela que entre 2019 y 2025, la cantidad de personas pobres en zonas urbanas aumentó en 2.892 millones. De este total, 1.677 millones residen en Lima Metropolitana y Callao. Los distritos de Lima Este y Callao registran tasas de pobreza superiores al 30%, nivel comparable al de Ayacucho, región históricamente afectada. La costa, en particular, ha experimentado una variación notable: la tasa de pobreza pasó de 13.8% en 2019 a 23.7% en 2025, rompiendo una tendencia previa de estabilidad. En contraste, la sierra mostró una ligera reducción, pasando de 29.3% a 28.6%. Este cambio refleja una reconfiguración profunda del mapa de la pobreza, donde las ciudades han asumido un rol central, no solo por su tamaño poblacional, sino por la concentración de servicios, empleo y acceso a infraestructura.
Para los habitantes del Perú, especialmente en zonas costeras y urbanas, estas cifras indican un desafío estructural. Aunque el crecimiento económico ha beneficiado a ciertos sectores, las brechas en acceso a empleo, servicios básicos y vivienda persisten. Las ciudades, al ser centros de actividad, también generan presión en el sistema de servicios públicos. Esto implica que la reducción de la pobreza no puede centrarse solo en cifras nacionales, sino que debe abordarse con políticas específicas para las ciudades, con énfasis en el desarrollo inclusivo. Los datos no solo reflejan una realidad económica, sino una necesidad urgente de redistribuir recursos y mejorar la calidad de vida en las comunidades más vulnerables. El futuro de la pobreza en el país dependerá en gran medida de cómo se diseñen y ejecuten estrategias que atiendan las necesidades de las ciudades más afectadas.