Segun arXiv q-fin, el análisis de plataformas digitales revela que las comisiones y las preferencias internas que las empresas otorgan a sus propios vendedores actúan como mecanismos complementarios estratégicos. En lugar de ser independientes, estos elementos se reforzan mutuamente, lo que significa que modificar uno afecta directamente al otro. Un estudio que modela el comportamiento de estas plataformas concluye que, si se regula una de las herramientas —como la comisión o el privilegio de venta para propios vendedores—, el impacto es significativo porque la otra se debilita. Así, una política de control sobre una sola de esas prácticas logra reducir su influencia en conjunto.
Los resultados muestran que el efecto de estas estructuras es equivalente al de un monopolio. Las plataformas, al combinar ambas estrategias, logran aumentar los precios que los consumidores pagan y reducir el bienestar general de los usuarios. Este impacto se mantiene dentro de los límites de las pruebas tradicionales de competencia antimonopolio, lo que plantea una paradoja: aunque las prácticas no violan las normas formales, generan efectos económicos perjudiciales para los usuarios. El estudio no identifica una solución que permita mantener el rendimiento operativo mientras se proteja la competencia, sugiriendo que la regulación debe ser proactiva y no reactiva.
Para los peruanos, este hallazgo tiene implicaciones directas en el entorno de comercio digital. Muchas plataformas de venta en línea —como Mercado Libre o Amazon — aplican comisiones que afectan el precio final de los productos, mientras que también favorecen a sus propios vendedores con mejores condiciones de exposición o visibilidad. Si el mercado peruano sigue este modelo, los consumidores pueden verse expuestos a precios elevados y escasez de opciones competitivas. La evidencia indica que, sin intervención regulatoria clara, las estructuras de poder dentro de estas plataformas podrían consolidarse, reduciendo la diversidad de productos y aumentando el costo de acceso a bienes básicos.
Además, el hecho de que estas prácticas pasen por las pruebas antimonopolio tradicionales no garantiza su ética o eficiencia. En un contexto donde el acceso a servicios digitales es cada vez más vital —para el comercio, la educación o la salud—, el riesgo de que las plataformas prioricen sus intereses propios sobre los de los usuarios debe ser evaluado con mayor profundidad. Los ciudadanos peruanos, al comprar productos en línea, no solo están pagando por bienes, sino también por la estructura de poder que las plataformas establecen sin transparencia.
El estudio no ofrece una solución específica, pero sí señala que una intervención que limite una de las herramientas clave podría generar un equilibrio más justo. Para el consumidor peruano, esto significa que la vigilancia del mercado digital no debe centrarse únicamente en la presencia de competencia, sino también en el diseño de las políticas que las plataformas aplican para mantener su dominio. La necesidad de regulación más profunda, centrada en la estructura de poder interno de las plataformas, se vuelve una prioridad en un país donde el acceso digital está en rápido crecimiento.