Según Gestión, en octubre de 2024, la multinacional irlandesa Pfizer Ireland Pharmaceuticals presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), reclamando infracción de sus derechos de propiedad industrial contra la empresa peruana Pharmaris Peru S.A.C. La acción se centra en el principio activo etanercept, utilizado en el medicamento NEPEXTO, disponible en dos concentraciones: 50 mg y 25 mg. Pfizer afirma que Pharmaris importa y comercializa el compuesto sin autorización, además de que su proceso de fabricación coincide con el registrado en su patente para TNFR-IG. El medicamento biológico, clasificado como inmunosupresor, actúa como inhibidor del factor de necrosis tumoral, utilizado en tratamientos de enfermedades autoinmunes como la artritis. En la demanda, Pfizer pide que se prohíba el uso del principio activo, se destruya toda existencia de etanercept y se imponga una multa ejemplar a Pharmaris. También solicita el pago de costas y gastos procesales.
La empresa peruana respondió en noviembre de 2024, aseverando que el procedimiento utilizado en la producción de NEPEXTO no coincide con las técnicas descritas en las reivindicaciones de la patente de Pfizer. Destacó la ausencia de modificaciones en la temperatura de procesamiento, así como diferencias en los pasos de purificación y estabilización. Afirmó que estas variaciones generan un producto distinto en cuanto a composición y comportamiento, lo que justifica que no constituya una infracción directa. Esta argumentación se basa en principios del derecho de propiedad industrial, donde se considera que la innovación no se deriva únicamente del proceso, sino de su resultado final y características funcionales.
Para los consumidores peruanos, este tipo de disputa entre laboratorios no solo afecta la disponibilidad de medicamentos, sino también la transparencia en el mercado farmacéutico. En un contexto donde los tratamientos biológicos son cada vez más comunes y accesibles, la capacidad de las empresas para desarrollar y comercializar productos sin violar patentes puede influir en el costo y en la calidad de los medicamentos. Si bien la defensa de Pharmaris se basa en diferencias técnicas, el caso evidencia la necesidad de un marco regulatorio claro que equilibre la protección de la propiedad intelectual con el acceso público a tratamientos. En un país donde el sistema de salud enfrenta presiones por costo y disponibilidad, estas decisiones pueden tener consecuencias reales en la accesibilidad de fármacos para pacientes. El proceso podría abrir espacio para una evaluación más profunda sobre cómo se regula la innovación farmacéutica en el mercado nacional, especialmente en productos de alto impacto terapéutico.