Según Gestión, el proyecto de ley presentado por diputados de Juntos por el Perú busca anular decretos de urgencia que autorizaron la reorganización de Petroperú. El primero, el DU 010-2025, emitido durante el gobierno de José Jerí, estableció medidas extraordinarias para mantener la producción de la empresa. El segundo, el DU 003-2026, también promovido por ProInversión, permite la creación de un vehículo especial para canalizar aportes y asegurar la continuidad operativa. Ambos instrumentos son clave para mantener la actividad de la compañía, especialmente en un contexto de crecientes presiones financieras.
La iniciativa legislativa no se limita a la eliminación de estos decretos. También propone recuperar créditos fiscales acumulados, derivados de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se aplicó en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Además, solicita que se devuelva el saldo pendiente del IGV asociado al proyecto de modernización de la refinería Talara. Este monto, considerado inembargable, sería destinado al capital de trabajo de Petroperú. La medida busca, en conjunto, reforzar el patrimonio de la empresa y evitar que se produzca una salida de sus activos hacia el mercado privado.
El contexto político actual muestra una reactivación de una postura que fue rechazada en el Congreso anterior. En ese periodo, una mayoría en la Comisión de Energía y Minas votó en contra de un dictamen que incluía 13 proyectos de bancadas de izquierda para derogar el DU 010-2025. Hoy, Juntos por el Perú busca reactivar esa línea de pensamiento, a pesar del avance que ya ha tenido la reestructuración bajo la conducción de ProInversión. Esta postura refleja una preocupación por la presencia de un modelo de gestión que, desde ciertos sectores, se ve como susceptible a una transformación que pudiese comprometer su carácter público.
Para el lector peruano, especialmente en regiones donde Petroperú es un pilar de la economía local, este debate tiene implicaciones directas. La refinería de Talara, aunque aún opera por debajo de su capacidad histórica, representa un eje clave para la producción de combustibles y la estabilidad de los precios. Si los decretos que permiten su reestructuración son anulados, podría derivarse una reducción en la producción, afectando tanto a la cadena de suministro como a los ingresos de comunidades que dependen de este sector. La recuperación de créditos fiscales y el acceso a fondos inembargables pueden ser herramientas decisivas para mantener la operación sin interrupciones. En un escenario de crecientes tensiones económicas, la estabilidad de empresas públicas como Petroperú no solo depende de decisiones legislativas, sino también de la capacidad de los sectores privados y públicos para coordinar estrategias que prioricen la continuidad y la sostenibilidad.