Según Gestión, la petrolera peruana Petroperú ha generado tensiones con la agencia de inversión ProInversión, tras una serie de eventos que evidencian una postura contradictoria sobre el proceso de contratación de un análisis forense para la nueva refinería de Talara. El 18 de mayo, Petroperú reafirmó que el proceso para el “Servicio de Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara” sigue vigente, a pesar de que ya han transcurrido 18 meses desde que se conformó la comisión encargada en noviembre del 2024. Durante ese tiempo, se han lanzado dos convocatorias oficiales, sin lograr alcanzar un resultado viable. La primera, publicada el 25 de junio de 2025, fue declarada desierto el 6 de agosto del mismo año, al no cumplirse los requisitos técnicos de las propuestas presentadas por tres empresas. La segunda convocatoria, lanzada el 26 de septiembre de 2025, tuvo como monto estimado US$ 4.7 millones. Aunque el 10 de noviembre se otorgó la buena pro al postor Alvarez Marsal Consultoria em Engenharia, por una oferta superior a US$ 2.7 millones, el proceso fue nulificado en abril de 2026 por decisión de oficio. Petroperú explicó que esta nulidad se derivó de una revisión de los documentos técnicos presentados por la empresa ganadora, señalando que la evaluación técnica no cumplía con los estándares esperados.
La Contraloría General de la República ha destacado que esta situación generadora de demoras no solo afecta la transparencia interna, sino que también pone en riesgo la eficiencia del proceso de contratación internacional y los intereses estratégicos de la empresa. El hecho de que un proceso de auditoría forense, cuya finalidad es verificar la integridad de operaciones, se haya extendido tanto en tiempo y en resultados, puede generar dudas en el mercado internacional sobre la gestión de Petroperú. Si se percibe una falta de claridad o transparencia, los inversores extranjeros podrían reevaluar su participación en proyectos del sector petrolero peruano.
Para el lector peruano, este escenario revela una brecha entre la necesidad de garantizar la eficiencia en contrataciones públicas y la realidad de procesos que, por razones técnicas o administrativas, se prolongan sin resultados. En un contexto donde el sector energético enfrenta presiones por modernización y competitividad, la inestabilidad en procesos de contratación puede afectar la confianza de los inversores, tanto nacionales como internacionales. Además, el hecho de que Petroperú haya reiterado públicamente la vigencia del proceso, mientras la Contraloría lo califica como adverso, sugiere una divergencia entre la postura de la empresa y las expectativas de control y rendición de cuentas. Esto pone en evidencia la importancia de mecanismos de supervisión independiente que no solo validen los procesos, sino que también los aceleren, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz y transparente.