Segun Gestión, Petroperú ha confirmado que llevará a cabo un análisis forense interno en la Nueva Refinería Talara, una medida que busca evaluar el estado operativo y financiero de la instalación. Este paso se da en un contexto donde la empresa estatal ha sido objeto de múltiples ajustes normativos, especialmente tras el decreto de urgencia N° 010-2025, publicado en diciembre del año pasado. Ese instrumento estableció una reestructuración de la petrolera, que luego fue reforzada con el DU N° 003-2026, aprobado en mayo, que otorga acceso a una línea de financiamiento de hasta US$ 2.000 millones.
El proceso de debate en el Congreso de la República, sin embargo, concluyó sin avances significativos. Tras una discusión en la Comisión de Energía y Minas, la iniciativa para derogar el DU N° 010-2025 fue rechazada con una votación de 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones. Antes del voto, se convocó una mesa de trabajo donde participaron representantes del sector, incluido el director ejecutivo de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, quienes presentaron argumentos sobre los dos decretos y la situación actual de la empresa. Algunos legisladores argumentaron que el DU en cuestión representa una "privatización en cubierta", mientras que otros consideraron que la participación privada es un mecanismo clave para fortalecer la viabilidad de la compañía sin comprometer su carácter estatal.
La conexión entre ambos decretos —el de reestructuración y el de financiamiento— es clave. ProInversión, como entidad encargada de coordinar el proceso, ya alertó a Gestión que si se elimina el DU N° 010-2025, la línea de crédito de US$ 2.000 millones se vería afectada. Esto indica que los decretos están interrelacionados, y que su derogación podría desestabilizar el flujo de recursos necesarios para mantener operaciones críticas en la refinería.
Para el lector peruano, este escenario refleja una confrontación entre intereses estatales y necesidades de eficiencia financiera. En un contexto de crecientes presiones sobre el presupuesto público y la sostenibilidad de las industrias clave, la decisión de mantener o modificar la reestructuración de Petroperú no solo afecta a la petrolera, sino también a la estabilidad de los precios de combustibles y la seguridad energética del país. Si el proceso se mantiene sin cambios, el riesgo de que la refinería Talara pierda capacidad de operación aumenta, lo que podría impactar directamente en el suministro interno. Por el contrario, si se aprueba la participación privada, se abre una vía de modernización, aunque con riesgos de pérdida de control estatal. En este punto, la transparencia y el diálogo entre el sector público y privado serán fundamentales para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.