Segun Gestión, Petroperú avanzó en su plan de reflote financiero al poner en marcha una estrategia de desinversión de activos no estratégicos, con la primera liquidación de inmuebles generando al menos US$ 4.9 millones. Este movimiento se da en el contexto de una autorización formal otorgada el 11 de mayo mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2026, que permite a la petrolera acceder a US$ 2.000 millones. La ejecución de esta línea de crédito se estructurará a través de ProInversión, entidad encargada de diseñar fideicomisos que permitan disponer del capital.
La operación se materializará en fases. A finales de mayo, se constituirá oficialmente la Sociedad de Propósito Especial (SPV), entidad jurídica creada para recibir directamente fondos de instituciones financieras. Este paso requiere un acuerdo de directorio ya aprobado por Petroperú. La SPV actúa como intermediario clave, ya que solo con su existencia se permite que la petrolera acceda a la totalidad del crédito. Tras su formalización, la empresa podrá disponer de los primeros US$ 500 millones, destinados inicialmente a la compra de crudo para procesarlo en sus refinerías. Este flujo de operaciones busca recuperar el capital de trabajo de la compañía, una medida crítica para mantener sus operaciones diarias.
Una vez que el flujo de ingresos por procesamiento de crudo comience a generar retornos, la SPV recibirá los US$ 1.500 millones restantes de la línea de crédito. Este proceso representa un enfoque estructurado, donde se separan activos no esenciales para reforzar la sostenibilidad financiera de la petrolera. Actualmente, el listado de inmuebles a evaluar supera los 514 bienes, lo que indica una amplia base de bienes que podrían ser vendidos en futuras subastas.
Para el lector peruano, este escenario refleja una estrategia de gestión financiera que busca equilibrar la preservación de su infraestructura estratégica con la necesidad de generar liquidez. Aunque la venta de inmuebles no afecta directamente el servicio de combustibles o la producción de gas, su efecto en la estabilidad de la empresa puede influir en la capacidad de mantener precios estables y operaciones eficientes. En un contexto de inflación y presión fiscal, el flujo de efectivo generado por estas operaciones puede ser clave para reforzar la inversión en infraestructura crítica. La transparencia en el proceso, junto con el seguimiento de los resultados, permitirá a los ciudadanos entender mejor cómo se gestionan los recursos públicos en sectores clave.