Según Gestión, Petroperú sufrió una derrota en un proceso arbitral frente al Consorcio de Terminales del Perú (TdP), quien logró validar la vigencia de dos contratos de operación: el de los terminales centrales (Callao) y el del norte (Salaverry, Supe, Chimbote y Eten). La resolución fue dictada por el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, tras una demanda que incluía la invalidez de las decisiones de Petroperú en marzo de 2024. El laudo final, inicialmente publicado el 12 de mayo, fue revisado debido a reclamaciones sobre interpretación, integración y exclusión de cláusulas. Solo el 7 de agosto se emitió el pronunciamiento definitivo que concluyó el proceso.
En ese marco, la petrolera se vio obligada a devolver US$ 1’549,319 correspondiente a cuotas de recuperación de inversiones adicionales no deducidas en una primera liquidación. Esta cantidad debe ser abonada dentro de un plazo establecido, sin que se considere aún el pago de intereses moratorios por la falta de reembolso oportuno. Además, Petroperú deberá asumir gastos administrativos del arbitraje, que se estiman en unos S/ 800,000. La empresa argumentó que el consorcio incumplió sus obligaciones de mantenimiento y de retirar activos específicos, aunque esta postura no fue aceptada por el tribunal.
El caso evidencia una brecha entre las expectativas de inversión y el cumplimiento de acuerdos contractuales en el sector petrolero. En el contexto peruano, donde las empresas estatales gestionan infraestructuras críticas, este tipo de litigios puede afectar la confianza de inversores y el desarrollo de proyectos estratégicos. La necesidad de claridad en los contratos y mecanismos de cumplimiento se vuelve aún más urgente cuando se involucran grandes flujos de capital.
Para inversores y empresarios peruanos, este desenlace subraya la importancia de estructurar acuerdos con precisión y transparencia. Cada contrato debe contar con mecanismos de revisión y soluciones de contingencia que protejan tanto a las partes como al interés público. En un entorno donde la inversión extranjera y local depende de estabilidad institucional, la gestión de conflictos mediante procesos ágiles y justos no es solo un detalle técnico, sino una condición clave para el crecimiento sostenido del sector energético.
Además, el hecho de que las cuotas de recuperación no se hayan deducido en una primera evaluación indica que las primeras liquidaciones podrían haber fallado en una revisión rigurosa. Esto abre la posibilidad de que futuros procesos de inversión en infraestructura energética requieran auditorías más detalladas y evaluaciones más tempranas para evitar riesgos similares. El caso de Petroperú no solo es un problema jurídico, sino un llamado a mejorar la calidad de los acuerdos que definen el funcionamiento de las empresas estatales.