Según Gestión, Petroperú informó la detección de un afloramiento de petróleo en el kilómetro 790+630 del tramo II del Oleoducto Nor Peruano (ONP), ubicado en el distrito y provincia de Sechura, región Piura. La empresa señaló que las primeras evaluaciones en campo indican que el incidente fue provocado por una conexión clandestina ejecutada por terceros, lo cual representa una acción ilegal sobre la infraestructura nacional. Esta intervención, según la petrolera, no solo vulnera normativas de seguridad, sino que también plantea riesgos importantes para el medio ambiente, las comunidades locales y la integridad de un Activo Crítico Nacional.
La entidad estatal activó de forma inmediata su Plan de Respuesta a Emergencias, movilizando personal técnico y equipos de primeros auxilios. Como medida preventiva, se cerraron válvulas en los kilómetros 746 y 792 del oleoducto, a fin de aislar el sector afectado. Posteriormente, se realizó una revisión preliminar de la tubería en la zona Olmos–Sechura, sin evidencia de fallas operativas ni anomalías geodinámicas. Aunque el sistema no presenta daños estructurales, el hecho evidencia una brecha en el control de acceso y seguridad en la zona.
Petroperú denunció formalmente ante la Policía Nacional del Perú (PNP), en la unidad REGPOL Piura, para que se inicien investigaciones y se identifique la responsabilidad de los actores involucrados. Además, comunicó el incidente a las autoridades competentes en fiscalización. Este sería el tercer caso registrado en el ONP en lo que va del año, a pesar de los repetidos llamados de la empresa para fortalecer las medidas de seguridad en la región.
Para los inversionistas y ciudadanos peruanos, este episodio resalta la necesidad de un monitoreo más riguroso en infraestructuras clave. El ONP no solo es un eje estratégico para el transporte de crudo, sino también un pilar de la economía nacional, especialmente en contextos de fluctuación del precio del petróleo. Cuando los precios bajan, la rentabilidad de Petroperú disminuye, lo que afecta su capacidad de inversión y mantenimiento. En un escenario donde el petróleo se vuelve más barato, la presión sobre los costos operativos crece, y las vulnerabilidades como esta pueden amplificarse. Por eso, el cumplimiento de protocolos de seguridad no es solo una cuestión técnica, sino una necesidad para garantizar la estabilidad de servicios vitales y la confianza en el sistema energético nacional.