Según Gestión, una denuncia presentada por un ciudadano ha desencadenado una revisión interna en Petroperú sobre el cumplimiento del artículo 64 de su Reglamento de Contrataciones. Este artículo establece que una dependencia administradora puede prorrogar un contrato, por única vez y hasta por un año, siempre que se mantengan o mejoren las condiciones originales. La denuncia, dirigida a la gerencia de cumplimiento, solicita una investigación objetiva sobre la decisión de exceder este límite en contratos de fletamento de buques tanques: BT Ucayali, BT Urubamba y BT Moche. Las empresas involucradas son Naviera Transoceánica y Transgas Shipping Lines.
El caso surgió tras una propuesta formulada por la Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro, que argumentaba la exención del artículo 64 para acceder a una reducción de tarifas. Esta solicitud fue evaluada por la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, quien concluyó que la medida era compatible con la normativa vigente y con el estatuto social de la empresa. La decisión fue ratificada en una reunión del directorio el 16 de julio, en la cual se autorizó la inaplicación excepcional del límite del artículo 64. El acuerdo se fundamenta en el memorando GLAR-1079-2026, emitido el 10 de julio.
El hecho revela una tensión entre la rigidez contractual y la necesidad de flexibilidad frente a cambios en el entorno de operación. Aunque el artículo 64 fue diseñado para garantizar transparencia y estabilidad, su posible excedencia en casos específicos plantea preguntas sobre el control interno y la verificación de decisiones estratégicas. En un contexto de inflación y presión en costos, empresas estatales como Petroperú enfrentan decisiones que afectan no solo su eficiencia operativa, sino también la confianza del público en el manejo de sus recursos.
Para el lector peruano, este caso es un ejemplo de cómo las políticas internas de empresas estatales pueden influir en la calidad de sus servicios. Si los contratos de fletamento se prolongan sin criterios claros, podría haber impacto en el costo de transporte de petróleo, afectando precios finales de combustibles. Además, la transparencia en estas decisiones es clave para mantener la legitimidad institucional. En un país donde la rentabilidad de servicios públicos es objeto de debate, el control de contrataciones debe ser tanto técnico como democrático. El caso de Petroperú no solo refleja una decisión interna, sino también una oportunidad para evaluar cómo las reglas de juego se aplican en la gestión de activos estratégicos.