Según Gestión, Petroperú ha iniciado una reestructuración interna con enfoque en transparencia y participación, tras meses de tensiones en su dirección ejecutiva. La empresa acaba de finalizar visitas técnicas con ProInversión y Deloitte, con el objetivo de evaluar activos estratégicos y fortalecer su gestión operativa. En este contexto, se ha registrado la salida de Rita López Saavedra, quien desde el 8 de enero del año pasado gozaba del cargo de gerente general encargada. Aunque su labor en la institución se extendió por más de dos décadas, su nombramiento fue posteriormente suspendido en febrero, con la designación de Gustavo Villa Mora como su sucesor. Este último ya había desempeñado el mismo rol anteriormente, y mantiene su posición actual.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) ha expresado preocupación por el proceso de despido, que según sus datos, se formalizó con fecha de 1 de junio de 2026. El gremio señala dos motivos que sustentan el despidó: una supuesta falsedad en un documento de descanso médico y el no cumplimiento del deber de participar en el proceso de despido de exfuncionarios. En su análisis, STAPP argumenta que ambos incidentes no cumplen con el estándar legal de causa justa establecido en el Decreto Supremo 003-97-TR. Específicamente, el artículo 25° exige que cualquier falta grave sea dolosa o culposa grave, y que se demuestre con pruebas fehacientes, no solo con suposiciones o presunciones. El sindicato recalca que, en este caso, no hay evidencia suficiente para justificar la imputación.
Para el lector peruano, este escenario evidencia una tensión entre la necesidad de modernizar estructuras empresariales y el derecho a una salida laboral justa y transparente. En un contexto donde el sector público enfrenta presiones por rendimiento y eficiencia, el manejo de personal clave puede tener un impacto directo en la confianza de los trabajadores y en la estabilidad institucional. La ausencia de un proceso de evaluación clara y documentada puede generar desconfianza, especialmente en entidades estatales donde la labor de los empleados es fundamental para el cumplimiento de servicios públicos. Aunque el objetivo de reorganización puede ser positivo, su ejecución debe garantizar el respeto a los principios laborales vigentes, para evitar conflictos que afecten no solo a individuos, sino también a la imagen institucional del sector petrolero peruano.