Según Gestión, el precio del diésel en el Perú alcanzó US$ 7.4 por galón al 7 de septiembre, posicionándose como el más elevado de Latinoamérica. En contraste, países como México, Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia registran precios entre US$ 3 y US$ 6 por galón. Esta disparidad se debe a una combinación de factores globales y locales, según Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latin America (GELA). Entre ellos, la paralización de refinerías en Asia y los ataques a instalaciones petroleras en Ucrania han generado escasez en la cadena de suministro. Las plantas que aún operan han aumentado sus márgenes de refinación hasta US$ 100 por barril, frente a los US$ 30 que tenían meses atrás. Esta especulación ha impulsado el precio global del diésel, afectando directamente al mercado peruano.
El Perú, como importador neto de combustibles, enfrenta una presión adicional por su estructura fiscal. El diésel está sujeto a tres impuestos clave: el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Rodaje. Erick García Portugal, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señala que esta carga tributaria en el país oscila entre el 21% y el 22%, superando el rango regional de entre el 15% y el 18%. Esta diferencia amplifica el costo final del combustible, generando una brecha significativa respecto a otros países vecinos.
La situación se complica aún más en regiones remotas como la Amazonía. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto ha expresado preocupación por la ausencia de políticas concretas que aseguren el abastecimiento de combustibles en zonas rurales. La falta de una estrategia efectiva pone en riesgo la operatividad de transporte, servicios logísticos y actividades económicas clave. Si bien el mercado global enfrenta volatilidad por conflictos geopolíticos, el escenario peruano se ve profundizado por la combinación de factores tributarios y de infraestructura.
Para los consumidores peruanos, este panorama implica un aumento sostenido en los costos de transporte y operación de vehículos. El diésel, como combustible fundamental para camiones, autobuses y vehículos comerciales, representa una carga importante en el presupuesto familiar. La carga fiscal elevada, junto con la escasez en regiones como Amazonía, puede generar desigualdades en el acceso al transporte. Así, el análisis sugiere que, sin reformas fiscales o mecanismos de distribución más equilibrados, el costo del diésel seguirá siendo un elemento de presión para el bienestar económico en distintos sectores del país.